Soberanía             

 

Cartel nacionalista catalán

Reclamaciones de soberanía:
[La batalla catalana contra el papel mojado:]
Digamos que cataluña es un país soberano. ¿Y qué más daría? La retórica actual de Artur Mas es típica de un vicio político característicamente español: el de gastar tiempo discutiendo sobre conceptos vagos, vacuos y vanagloriosos. Ya hemos sufrido debates sobre la memoria histórica y la memoria democrática -frases que carecen de sentido, ya que la memoria es necesariamente histórica por referirse ineludiblemente al pasado, y no puede pertenecer a ninguna doctrina ni ideología por ser esencialmente personal-. Ya hemos aguantado la vacuidad de las disputas en torno a si tal o cual grupo es o no es una nación, lo cual es otra insensatez porque las naciones son comunidades imaginadas que no tienen existencia fuera de las mentes de quienes sienten pertenecer a ellas. Lo que ahora tenemos que escuchar, con cortesía más o menos fingida, es al aburrido señor Mas -por lo visto ha aburrido al mismo Rey- hablar sobre su programa de aproximación «sin límites» hacia la soberanía catalana. Es evidente que el presidente de la Generalitat no sabe lo que es la soberanía, ni se da cuenta de que ser soberano no confiere, desde el punto de vista ni jurídico ni histórico, ningún derecho ni privilegio especial. Ni siquiera parece que el señor Mas esté al día de la inutilidad del concepto de soberanía en el mundo de hoy, ya que vivimos en un mundo globalizador donde las funciones tradicionalmente soberanas de jurisdicción, legislación y policía se comparten entre instituciones interestatales, tales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y los tribunales internacionales.

Monarcas soberanos:
El papa Urbano II convoca a los señores feudales Etimológicamente, la palabra soberano no tiene nada que ver con el poder estatal absoluto, sino que viene del latín tardío superanus, que equivale, ni más ni menos, que a una persona de autoridad superior: un sargento sobre un soldado, por ejemplo, o un maestro frente a un alumno. Cuando se empezó -en Francia, hacia fines del siglo XIII- a llamar souverain al rey fue, en parte, como consecuencia de un malentendido, interpretando erróneamente la tercera sílaba como una derivación del latín regnum, que quiere decir reino. En la jurisprudencia del siglo XIV la palabra vino a adquirir un significado técnico, con la noción de que al rey pertenecía la supremacía jurisdiccional en su reino. El contexto del cambio etimológico hay que ubicarlo en una época de rechazo o desafío de los reyes a la supuesta autoridad del Papa y del emperador del llamado sacro imperio, que pretendía haber heredado la jurisdicción universal del Imperio Romano. Los motivos de ese rechazo no eran exactamente castos ni morales. Felipe Augusto de Francia, por ejemplo, omitió la autoridad del Papa para poder contraer un matrimonio bígamo. Eduardo III de Inglaterra prohibió las apelaciones a los tribunales de Roma para intentar excluir como candidatos a beneficios eclesiásticos a quienes no fuesen criaturas suyas. Pero, a pesar de esas puntuales y fugaces maniobras tácticas, todas las monarquías católicas seguían compartiendo la soberanía, en sentido estricto, con la Iglesia. Para recuperar la jurisdicción absoluta hacía falta convertirse en hereje o unirse, ya en el siglo XVI, a la Reforma Protestante -de nuevo por motivos a veces poco honrados, como los que llevaron a Enrique VIII de Inglaterra a romper con el Papa para poder divorciarse de Catalina de Aragón, o los que indujeron a varios reyes escandinavos y príncipes alemanes a abrazar el protestantismo para apoderarse de los bienes de la Iglesia-. El concepto de soberanía en aquel entonces aparecía siempre vinculado al de jurisdicción: pronunciar la justicia era la función primordial del Estado. Las potestades legislativas eran de una importancia mucho menor, pues las leyes se consideraban como una colección de tradiciones, a veces codificadas, heredadas de los antepasados. Se podían ajustar o modificar o reinterpretar, y en circunstancias excepcionales añadirles algunas reglas nuevas. Pero no se entendía la legislación como el campo propio de las iniciativas desenfrenadas que experimentamos en el día de hoy. El concepto moderno de soberanía como la supremacía legislativa, ejercida por las instituciones representativas de los distintos países, se fue desarrollando poco a poco en la Baja Edad Media y a principios de la Edad Moderna, debido al crecimiento de nuevos estatutos exigidos por los tremendos y profundos cambios sociales de aquellos tiempos. Ya hacia fines del siglo XVI el filósofo francés Jean Bodin definió la soberanía en términos legislativos, y la Constitución de Lituania se convirtió en la primera en reconocer la legislación como la función suprema y fundamental del Estado. Pero tampoco entonces resultaba fácil ejercer la soberanía absoluta, ni siquiera en los estados protestantes. En casos de conflicto entre las leyes estatales y las naturales o divinas o -por emplear la versión secular, positivista y pragmática de la ley natural evolucionada por la jurisprudencia del siglo XVII- las internacionales, el consenso entre los eruditos establecía que prevaleciesen estas últimas sobre las primeras. Los acuerdos entre pueblos, comunidades, países y estados constituían un código que las distintas legislaciones estatales no podían cambiar por su propia voluntad.

Uniones de estados (s.XVIII):
En los casos de estados compuestos que se formaron o reformaron en el siglo XVIII, como las monarquías española y británica, la soberanía se fundió mediante acuerdos de este tipo -concretamente, el Acto de la Unión británica en 1707 y la sumisión de varias zonas de España al rey Felipe V entre 1707 y 1716- y se trasladó a los estados nuevos, quedándose en los antiguos sólo las funciones delegadas por las nuevas instituciones. Así que es perfectamente correcto hablar de la soberanía catalana o, por ejemplo, escocesa, si se reconoce que el concepto no tiene ningún sentido práctico, ya que en realidad esas soberanías se trasladaron respectivamente a España y al Reino Unido, y las instituciones catalanas y escocesas no podrán ejercer sino los derechos residuales reconocidos por las constituciones de las uniones. Por supuesto, la soberanía enajenada podría recuperarse por decisión de los nuevos estados, apoyada, en nuestras democracias actuales, por la voluntad popular. Cualquier Estado es capaz de reformar sus propias instituciones y devolver poderes a sus comunidades constituyentes y aun concederles la independencia, como ocurrió hace pocos años con Eslovaquia, en cuya escisión de la República Checa no hubo violencia ni debates estériles sobre cuestiones académicas de derechos de soberanía. Reclamar la soberanía no influye en absoluto en tales circunstancias. Los reajustes constitucionales se logran por la buena voluntad, el respeto democrático y el sentido común.

Bandera USA EE.UU.:
Por si acaso el señor Mas sigue pensando que la soberanía cuenta para algo, le remito al modelo del Estado compuesto más poderoso, exitoso, rico y eficaz de la Historia moderna. Estados Unidos, según su propia Constitución, se compone de 50 estados soberanos que, pese a mantener su soberanía, forman entre sí un Estado fuerte y, en aspectos claves, muy centralizado, que les niega el ejercicio de su derecho histórico a la supremacía legislativa y jurisdiccional. Los estados tienen sus propias legislaturas, pero las leyes federales se les anteponen. Tienen sus propios tribunales, pero el Tribunal Supremo Federal los desautoriza. Una tradición cantonalista se opone tanto a las instituciones estatales como a las federales: cada condado y cada población tiene reglamentos particulares y a veces esperpénticamente excéntricos. Por ejemplo, el señor George W. Bush no podría pisar el territorio de un par de pueblos del Estado de Vermont sin que le arrestasen por crímenes contra la humanidad en cumplimiento de una orden judicial local. En el condado de Lynchburg, Tennessee, donde se hace el famoso whisky Jack Daniel’s, se prohíbe el consumo del licor. Extravagancias locales aparte, lo importante es que es el Estado Federal el que tiene derecho a investigar crímenes serios, imponer toda clase de impuestos, reclutar gente de servicio, construir carreteras, apropiar terrenos y ejercer todas las tiranías y toda la benevolencia que quiera. Efectivamente, los límites prácticos a la soberanía de los estados que conforman EE.UU. quedan claros por dos circunstancias. La primera es que todos los estados dependen, más o menos, de las subvenciones presupuestarias federales; como norma general, cobran como impuestos directos entre el 0 y el 5% de los ingresos de sus ciudadanos, mientras que el Estado Federal recauda el 30%. Y en segundo lugar, los estados no pueden escindirse del Estado Federal; eso se decidió mediante una guerra civil mucho más salvaje y destructora que la española, seguida por una etapa, que la historiografía norteamericana llama impropiamente la época de la reconstrucción, cuando los estados secesionistas sufrieron un régimen de represión y victimización infinitamente más duro que el que sufrieron Cataluña o País Vasco bajo el franquismo. Según el juicio del Tribunal Supremo estadounidense en 1869, reforzado por muchos casos posteriores, la soberanía de los estados no conlleva ningún derecho a separarse de EEUU. La separación puede ser concedida por el Gobierno federal, tanto en el caso de un territorio no soberano -Puerto Rico o Guam, por ejemplo- como en el de un estado soberano.

Así que, señor Mas, ¿quiere usted de veras esa soberanía insípida? ¿Es que no sabe que es una fruslería vana que no vale para nada? ¿Es posible que usted desee apostar tanto por algo que significa tan poco? ¿O es que se entera perfectamente pero le interesa armar un lío y proseguir una superchería para confundir al electorado y oscurecer la verdad? (Felipe Fernández-Armesto)


Autodeterminación y derechos:
Las objeciones ideológicas que Jordi Solé Tura hacía a la autodeterminación parecen compartibles. Pensaba el profesor catalán, desde un punto de vista político, que tal reclamación, como vía para conseguir la independencia, de algunos territorios de España, era, en primer lugar, innecesaria, una vez que el Estado autonómico aseguraba a las nacionalidades y regiones suficiente cobertura política, al dotarles de las oportunidades institucionales y competenciales del autogobierno. Creía además que dicha pretensión constituía un expediente incongruente y desleal, pues la demanda de autodeterminación debilitaba la legitimidad de la organización territorial española, que había optado por la autonomía: si se apoyaba como pensaba que debía hacerse esta forma política, no resultaba lógico, ni leal, reducir las bases de su asentamiento. Por último, Jordi Solé creía que resultaba insolidario sustituir una juntura de la intensidad del sistema autonómico, próximo al federalismo, por una solución del problema territorial español, desmembradora y centrífuga. Estos argumentos son de considerable importancia en relación con el debate autodeterminista, pero quizá no consideran la fuerza de convicción mayor de la autodeterminación que consiste en presentarse como un derecho, esto es, como una pretensión que podría aducir títulos planteables no desde el plano político, y como tales defendibles pero expuestos a la cuestionabilidad de toda opinión, sino desde el punto de vista jurídico y aun ético, y por ello dotados de una superioridad indiscutible, la que corresponde a quien utiliza en su favor el lenguaje de los derechos. Ahora bien, comenzando por el plano jurídico positivo, ¿la autodeterminación es un derecho en nuestro ordenamiento jurídico? Quiero decir, ¿se trata de una pretensión reconocida en el sistema constitucional español, que pueda ser ejercida, y cuya reclamación esté amparada, como puedan serlo la libertad de expresión o, como derechos más próximos, en cuanto ejemplos de participación, el sufragio o la iniciativa legislativa popular? Concebida la autodeterminación correctamente, como la decisión en un solo acto de una comunidad territorial manifestando su voluntad de separarse o mantener su integración en el Estado, con su actual posición u otra diferente, obvio es decirlo, nuestro ordenamiento no la reconoce como derecho. Hay derechos políticos colectivos como la autonomía o los derechos de los territorios forales. Pero el derecho de autodeterminación no figura entre los enunciados en la Constitución. Lo malo, con todo, no es que en nuestro sistema constitucional no se reconozca la autodeterminación, sino que es lógico que así suceda, pues tal pretensión es contraria a las bases del edificio constitucional, o sea, la unidad de la nación y la atribución de la soberanía al pueblo español. Obviamente la decisión sobre la autodeterminación denota soberanía que por imperativo constitucional corresponde exclusivamente al pueblo español, comprendido homogéneamente, y no a ninguna fracción territorial del mismo. Por supuesto el que no exista el derecho de autodeterminación, ni sea lógico que ello suceda, no quiere decir que no sea lícita su solicitud, se lleve a cabo su demanda ocasionalmente o se integre en el ideario de un partido político, y que, mediando la correspondiente reforma constitucional, no pudiese referirse a la propia Carta Fundamental. Tal derecho efectivamente existía en las constituciones de la órbita soviética y, hoy, figura también, según Francesc de Carreras, en la Constitución etíope. Como la reforma constitucional necesaria para admitir el derecho de autodeterminación es trabajosa e incierta, pues han de recorrerse los caminos escarpados del artículo 168 de la Norma Fundamental, algunos han propuesto someter a consulta la conveniencia de cambiar la Constitución para permitir la autodeterminación, utilizando el referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución, quitando de paso argumentos a quienes acusan de falta de cintura democrática a los contrarios a la autodeterminación. Sin embargo, tal sugerencia, sin duda bien urdida, no acaba de convencer. La verdad es que el referéndum de la Norma Fundamental a que se acaba de hacer referencia, en mi opinión, no contempla la intervención del cuerpo electoral de una comunidad autónoma, sino la de todos los ciudadanos, de modo que tal expediente no serviría para consultar la opinión de los ciudadanos de solo una parte del territorio nacional. Además, el referéndum para la verificación del apoyo secesionista en un territorio en realidad incurriría en fraude constitucional. Sería convocado como consultivo, pero resultaría realmente vinculante, de modo que no abriría el paso a la reforma constitucional, sino a la independencia. No sería una consulta para la soberanía, sino un referéndum de soberanía, radicalmente prohibido en nuestro ordenamiento, mientras no se reforme la Constitución. En realidad en ningún caso hay referendos consultivos de autodeterminación (no lo fueron los de Quebec ni lo será el de Escocia), entre otras cosas por la simple razón de que en el hecho de la consulta se contiene una definición del soberano, que es constituido cuando se le hace objeto de una pregunta, como digo, de soberanía. En segundo lugar, la imposibilidad de recurrir a la consulta del artículo 92 CE no quiere decir que los partidarios de la autodeterminación queden privados de las oportunidades democráticas para obtener el reconocimiento de este derecho, que está a su alcance tras la correspondiente reforma de la Constitución, que podría iniciar de manera incontestable el Parlamento de una comunidad autónoma (artículos 87.2 y 166 de la Constitución), solicitándola del Gobierno central a través del correspondiente proyecto o mediante una proposición de reforma a presentar a la Mesa del Congreso, dando voz así, si fuera el caso, a una demanda en ese sentido clara, mantenida en el tiempo y ampliamente compartida en su territorio. Pero si la autodeterminación no es un derecho jurídico, disponible en nuestro ordenamiento, ni importable desde el derecho internacional que no puede, en una modificación inconstitucional de nuestra Norma Fundamental, imponernos derechos contrarios a nuestra Constitución, como sería la autodeterminación, tampoco es un derecho moral, esto es, una pretensión exigible desde consideraciones de la lógica o de la ética. Desde el punto de vista de la lógica no hay por qué asumir un principio político que supondría el desorden en las relaciones internacionales, si las 3.000 o 4.000 nacionalidades existentes en el universo realizasen su derecho al Estado propio, contando además con la imposibilidad fáctica de ese realineamiento territorial, pues actualmente solo el 4% de la población mundial se encuentra en Estados que se correspondan a un solo grupo étnico. Desde el punto de vista de la ética los títulos de la autodeterminación son equívocos, pues si bien parece asumir la idea liberal de la autonomía, trasladándola del individuo a un sujeto colectivo, en realidad está contaminada por referencias míticas y decisionistas. Por ello, los componentes ultraidentitarios y decisionista-plebiscitarios de la autodeterminación se oponen a las bases racionales y algo escépticas de las democracias constitucionales de nuestro tiempo. La autodeterminación en este plano ético no debería ser considerada, entonces, el derecho primero o básico de una comunidad. Vendría a ser la correspondencia a la legítima defensa en el plano individual, utilizable en situaciones límite, cuando, fuera de los supuestos coloniales, se trata de asegurar la supervivencia del colectivo. El derecho fundamental de una comunidad territorial sería el derecho al autogobierno, o a desarrollar democráticamente sus potencialidades, lo que llamamos la autonomía o libre determinación. En suma, frente al simplismo de la solución autodeterminista parecen preferibles las credenciales de otros posibles tratamientos de las tensiones nacionalistas en un Estado, como son las formas federativas, que compaginan, eso sí trabajosamente, los principios de la unidad y el pluralismo. (Juan José Solozábal, 08/11/2012)

 
       

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