Bienestar: Recortes             

 

Poder conservador y bienestar en España:
[Causas políticas de la recesión] Cuáles son las características de los países periféricos de la eurozona que tienen hoy mayores dificultades en recuperarse y salir de la crisis económica, en la cual se encuentran sumergidos desde hace ya más de tres años? Para responder a esta pregunta hay que entender qué tienen en común estos países denominados despectivamente PIGS (cerdos): Portugal, Irlanda, Grecia y España. Y la respuesta es fácil de ver: todos ellos han sufrido gobiernos totalitarios o autoritarios de extrema derecha o profundamente conservadores durante muchos años. En estos países, las fuerzas conservadoras han sido, durante gran parte del siglo XX, las fuerzas dominantes en su vida económica y política.

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España es un ejemplo de ello. Durante 40 años estuvo gobernada por una dictadura ultraderechista que se caracterizó por una enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por una escasísima sensibilidad social. Tal dictadura (que fue principalmente de una clase dominante contra la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares) terminó en 1978, tras una Transición inmodélica de una dictadura a una democracia muy incompleta. Tal Transición se hizo bajo el dominio de las fuerzas conservadoras que controlaban los principales aparatos del Estado, las cuales continuaron teniendo una gran influencia sobre las políticas económicas, fiscales y judiciales del Estado. Hay muchos ejemplos de ello. En ningún país de Europa, por ejemplo, sería concebible que un juez fuera sancionado por el Tribunal Supremo por querer juzgar los crímenes realizados por la dictadura que precedió a la democracia. Y en ningún otro país de la UE-15 los ingresos al Estado son tan bajos como en España; sólo el 34% del PIB, comparado con el 44% en la UE-15 y el 54% en Suecia. El Estado español es pobre (parte de las rigideces del Estado se basan en su pobreza) y muy poco redistributivo. En realidad, es el menos redistributivo de la UE-15. Y es de los que tratan más favorablemente las rentas del capital y las rentas superiores del país. Esto ocurre también en mayor o menor grado en los otros países PIGS. Esta pobreza del Estado tiene muchas consecuencias. Una de ellas es el subdesarrollo de sus estados del bienestar. Cuando el dictador murió, España tenía, de mucho, el gasto público social más bajo de la Europa que pasaría a ser la Unión Europea. Mucho se ha hecho desde entonces. Pero España continúa teniendo el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, es decir, España es el país que se gasta menos per cápita en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, ayuda a las familias, escuelas de infancia, servicios domiciliarios y servicios de prevención de la exclusión social. Definir a estos países como exuberantes en su gasto público, como sostienen las tesis neoliberales, es una falsedad fácilmente demostrable mirando los datos. Mírese como se mire, España y aquellos otros países PIGS están a la cola de la Europa social. El porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar español (sanidad, educación y servicios sociales entre otros) representa sólo 9%, el porcentaje más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es del 15%).

Pero otra consecuencia de la pobreza del Estado es su endeudamiento. Si el Estado español ingresara lo que ingresa el promedio de la UE-15, necesitaría endeudarse mucho menos. Así, si España, en lugar de haber sido gobernada durante 40 años por una dictadura ultraconservadora y 30 años por un Estado en que las fuerzas conservadoras han continuado siendo muy poderosas, hubiera estado gobernada durante la mayoría de este periodo (1939-2010) por las izquierdas –como lo ha sido, por ejemplo, Suecia– el Estado español (tanto central, como autonómico) ingresaría hoy 200.000 millones de euros más de los que ingresa, permitiendo un Estado del bienestar mucho más desarrollado. El Estado emplearía a 4.851.854 trabajadores más de los que hay actualmente en los servicios del Estado del bienestar (aplicando los porcentajes de impuestos, gasto público y empleo público de Suecia a España), con lo cual habría desaparecido el desempleo, que es de más de cuatro millones. En realidad, el elevado desempleo en España se debe, en gran parte, a la escasa oferta de empleo público, causado por un escaso gasto público, resultado de una política fiscal regresiva. Pero lo que es incluso más importante es que estos casi cinco millones de nuevos empleos habrían resuelto el enorme problema de la escasa recuperación económica como consecuencia de la insuficiente demanda. Es esta escasa demanda (resultado del elevado desempleo) lo que mantiene estancada a la economía española y dificulta la reducción del déficit. Otros países como Brasil y Argentina han mostrado que la mejor manera de reducir el déficit es mediante el crecimiento económico, resultado de un estímulo de gasto público dedicado a crear empleo. Y así se lo aconsejó Lula al presidente de Portugal. España tiene los recursos para crear tal empleo. Lo que ocurre es que el Estado (tanto central, como autonómico) no los recoge. Y ahí está el problema. El enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen en España explica que el Estado español responda a la crisis con reducción del gasto público, en lugar del crecimiento de tal gasto y empleo público, financiado por una mayor carga fiscal de aquellos que se beneficiaron más de las políticas neoliberales impuestas estos últimos años. Esta es la realidad, raramente discutida y analizada en los foros económicos y financieros del país, donde se genera y reproduce la sabiduría convencional, promovida en los mayores medios de información y persuasión. (Vicenç Navarro, 28/04/2011)

Seguridad Social


Maldita competitividad:
El hasta ahora llamado Pacto por la competitividad acaba de ser rebautizado como Pacto por el Euro, pero el contenido es el mismo. No pretende hacer más productivas las economías, sino tan sólo más competitivas. La competitividad no es como la productividad; es un concepto relativo. Se refiere siempre a otro. Competir es cosa al menos de dos. Todos los países pueden hacerse al mismo tiempo más productivos (producir más cosas con idénticos medios, u obtener lo mismo con menores recursos), pero todos no pueden hacerse a la vez más competitivos. Un país gana competitividad a condición de que otros la pierdan. La competitividad no tiende a hacer más grande el pastel, tan sólo a quitarle un trozo al vecino. De ahí la enorme contradicción de Merkel. La estrategia de imponer a los países miembros su política antisocial –salarios más reducidos, menores pensiones, peores servicios públicos, etc.– difícilmente tendrá otro efecto desde el punto de vista del conjunto de la Eurozona que redistribuir la renta en contra de los trabajadores y a favor del capital. No hará a las economías más competitivas. Primero porque no hay garantía de que los menores costes se trasladen a los precios y, en todo caso, porque si todos los países aplican la misma política los efectos se anularán. En el G-20 se llegó a la conclusión, con la aquiescencia de Alemania, de que las devaluaciones competitivas no son el mecanismo adecuado para adquirir una mayor cuota de mercado. Únicamente se conseguiría crear el caos en los mercados de cambio y generar un clima de inestabilidad monetaria: todos los estados se lanzarían a una carrera sin fin para depreciar sus respectivas monedas. Pero entonces, ¿por qué no se aplica el mismo criterio cuando se trata de reducir salarios, de regular el mercado laboral o de bajar los impuestos y las cotizaciones sociales? También en estas materias los otros gobiernos actuarán con similares medidas y al final todo quedará igual, ya que la competitividad es un juego de suma cero. Bueno, todo no, los trabajadores vivirán infinitamente peor y se habrán destruido muchos elementos de ese Estado del bienestar que con tanto esfuerzo se había ido tejiendo a lo largo de los años. (Juan Francisco Martín Seco, 07/04/2011)

Defraudadores de 420 euros:
Pero la vida continúa para cada vez menos gente, porque cada vez menos gente dispone de posibles para desahogos; cada vez menos gente programa vacaciones; cada vez menos gente ingresa sueldos regulares y cada vez más gente pide dinero prestado a familiares y amigos, y cada vez más gente se siente desprotegida por el Estado del bienestar. han decidido cazar por fin a los defraudadores del Estado, a los jetas que chupan de las arcas de la Generalitat a base de cobrar mes tras mes, por las bravas, nada menos que 420 euros en concepto de renta mínima de inserción. Porque por lo visto las economías de la Generalitat se desequilibran por culpa de las rentas mínimas de inserción y había que meter la lupa ahí sin más dilación contra tanto estafador oculto Desde una conciencia laica y atea resulta una auténtica vileza que las cuentas de la Generalitat deban recomponerse dejando al pairo a los legítimos beneficiarios de esas ayudas de emergencia, mientras rastrean la estafa en lugar de buscar la desfachatez, el abuso, la trampa pura en las salas donde confraternizan las fortunas, donde se escucha música celestial y donde sin duda la vida continúa perfectamente igual. (Jordi Gracia, 16/08/2011)



El espejismo del Estado de bienestar:
El modelo socialdemócrata de Estado de bienestar no ha existido nunca en España, ni, caducado hace tres décadas en Europa, podrá surgir ya en el futuro. Pasemos a argumentar ambas tesis. Después de la II Guerra Mundial empezó a tomar cuerpo en unos pocos países —Suecia, Reino Unido— el Estado socialdemócrata de bienestar. Convencidos de que el capitalismo necesita de la intervención del Estado para superar dos deficiencias básicas —la incapacidad de ofrecer empleo a todos los que lo necesiten y una distribución de la riqueza cada vez más desigual— en un largo periodo de continuo crecimiento con pleno empleo (1950-1975), se pusieron El modelo para avanzar hacia el socialismo caducó en Europa y no llegó a existir en España en marcha políticas sociales que reflejaban un poder creciente de la clase trabajadora. A la larga hubiera implicado una profunda transformación del capitalismo, algo que la socialdemocracia pretendía abiertamente —no en vano, consideraba el Estado de bienestar el instrumento adecuado para avanzar hacia el socialismo en democracia— pero es obvio que los dueños del capital tenían que oponerse desde un principio, máxime cuando el mantenimiento del pleno empleo al final exigía el control social de las inversiones. A mediados de los setenta desapareció el pleno empleo, convertido desde entonces en la liebre mecánica que nunca se alcanza. El punto de arranque fue la primera crisis del petróleo (1972-1973) que puso de manifiesto que podía muy bien ralentizarse el crecimiento, a la vez que aumentar inflación y desempleo, sin que una mayor inversión pública, o el consumo interno tuviesen otro efecto que empeorar la situación. Comienza una nueva época, la del neoliberalismo poskeynesiano, a la que ni siquiera la actual crisis ha puesto punto final. Si el sistema financiero amenaza con desplomarse, habrá que acudir al dinero público, pero solo para volver lo antes posible a la única receta que se reputa viable: libertad de los mercados. Una vez salidos del hoyo con un durísimo ajuste, que pasa por reducir el Estado social a mínimos y los salarios a lo que permita una productividad decreciente en la mayoría de los empleos, el crecimiento dependería de la capacidad de expulsar al Estado de los ámbitos económicos y sociales que no le competen. Se ha esfumado por completo la idea de que de la crisis saldría un mundo muy distinto, Sarkozy llegó a hablar incluso de una refundación del capitalismo. Los poderes económicos, que ahora llamamos mercados, han terminado por imponer, tanto una salida liberal, como la confianza en que el crecimiento que se produciría al eliminar las trabas que constriñen los mercados, remediaría el desempleo, por lo menos hasta la próxima crisis. Cuando en 1982 llegan los socialistas al poder en España, ya se había desplomado el modelo socialdemócrata de Estado de bienestar, al que se le echa en cara producir a la vez inflación y paro; en cambio con Reagan y Thatcher el neoliberalismo se hallaba en rápido ascenso. Saltando del marxismo de salón al neoliberalismo, los socialistas españoles se desprenden, tanto del socialismo francés, que el breve experimento de Mitterrand había hecho añicos, como del modelo socialdemócrata que, desalojados del poder los laboristas británicos y los socialdemócratas alemanes, no gozaba del mayor prestigio. La conversión socialista al liberalismo se justifica en la creencia de que el capitalismo puro y duro es el único que crea riqueza, y habría que cocinar el pastel, antes de repartirlo; cualquier otra política llevaría, de la forma todo lo igualitaria que se quiera, a distribuir miseria. Que los empresarios ganen cada vez más es garantía de que habrá mayores inversiones y, por tanto, un crecimiento más rápido; en cambio, poner trabas a la economía sumergida o al fraude fiscal supondría detener el crecimiento. Lamentablemente se deja en la penumbra cómo se va a redistribuir la riqueza acumulada, reparto que constituye el rasgo definitorio de la nueva socialdemocracia. Cuando llegan incluso a afirmar que bajar los impuestos es de izquierda, a nadie podrá ya sorprender que la desigualdad social haya aumentado a la misma velocidad con los socialistas que con los Gobiernos conservadores. Nada ha marcado tanto la historia económica de los últimos 30 años como la conversión al neoliberalismo del socialismo español. Desde el convencimiento de que no hay alternativa al capitalismo —“pensamiento único”—, Boyer, Solchaga, Solbes, Rato, Montoro, son intercambiables. Cierto que tal vez la conversión liberal del socialismo haya evitado algunos experimentos que hubieran resultado ruinosos, y que los años de crecimiento y de estabilidad de que hemos disfrutado se han debido a que los dos grandes partidos, manteniendo la ficción de sus diferencias con duros enfrentamientos retóricos, no se hayan desviado un ápice del modelo neoliberal. Comprendo la indignación de los votantes del PSOE, y la sorpresa reciente de una buena parte de los del PP, cuando han comprobado que no se constatan diferencias significativas en las políticas de los dos partidos antes de la crisis, ni en las que han llevado los unos, o están llevando los otros, para intentar salir del pozo. Pero ¿qué sentido tiene, como no sea uno burdamente electoralista, mantener la leyenda de un pasado socialdemócrata que habría construido nada menos que el Estado de bienestar? Lo cierto es que en España nadie se ha movido fuera de la ortodoxia capitalista del Estado social bismarckiano que inventaron los conservadores para integrar a una clase trabajadora con veleidades revolucionarias. Ha perdido ya toda credibilidad el mito que manejaron los socialistas con tan buenos resultados de que el PP en el poder suprimiría el Estado social. La gente se está librando de las anteojeras de los partidos y es cada vez más consciente de que los que llegan al Gobierno hacen la misma política económica que determina una política social que solo se distingue por pequeños matices. El modelo socialdemócrata no ha existido nunca en España, y con la mayor contundencia cabe también afirmar que, por mucho que de él se reclamen algunos partidos que se dicen de izquierda, tampoco surgirá en el futuro: han desaparecido las condiciones socioeconómicas que lo hicieron posible. No existen ya las grandes unidades productivas que ocupaban a miles de trabajadores con un puesto de por vida que proporcionaba una conciencia de clase, sobre la que se levantaba el movimiento obrero, formado por la sinergia del sindicato con el partido. La convergencia de estas dos organizaciones fundamentó la pretensión socialdemócrata de ir superando el capitalismo en democracia. En una sociedad muy fragmentada, con una población creciente en situación precaria, no se divisa fuerza social que pueda enfrentarse al poder inmenso de una élite internacional que ha acumulado una enorme riqueza. La capacidad de trasladar sumas inmensas de capital de un país a otro permite imponer su voluntad a Estados cada vez más débiles. Esto no significa que no haya respuesta al dominio asfixiante de unos pocos, pero sí de que estamos aún muy lejos de que las medidas pertinentes tengan el necesario consenso mayoritario. La primera batalla que hay que dar es la ideológica, desmontando uno a uno los dogmas del capitalismo liberal. Los dos principales que manejan los poderosos para abrir una espita de esperanza a una población condenada a un rápido descenso de su nivel de vida son el crecimiento económico y el empleo que traería consigo. Habrá que empezar por replantear la vieja cuestión de los límites del crecimiento, por razones medioambientales, agotamiento de los recursos, aumento de la población mundial y la mayor participación en el consumo de otros continentes, así como la automación, la revolución informática y la deslocalización industrial hacen cada vez más escasos los trabajos sin conocimientos específicos. (Ignacio Sotelo, 17/02/2012)

Muchos opinan que el estado de bienestar debe ser redimensionado de manera inmediata. La situación futura va a ser mucho más austera pero nadie cuestiona la continuidad de los servicios básicos como sanidad, educación y pensiones.



Desmantelamiento neoliberal:
[La hora de la sociedad civil:] El gran problema de nuestro país no es sólo que la derecha se haya hecho con la mayoría del poder institucional o que haya decidido en un golpe de mano antidemocrático monopolizar la información de la televisión pública en su propio beneficio. El problema de fondo es que la derecha mundial está utilizando la crisis económica como excusa para reducir los derechos sociales y para recortar o eliminar las políticas de bienestar social. No estamos sólo ante otra crisis del capitalismo sino ante una nueva estrategia de la derecha económica y política para eliminar los estados de bienestar y para impedir a los países que no lo tienen la posibilidad de crear modelos similares. No estamos ante una crisis económica como otras anteriores, sino ante un cambio de modelo económico y social que pone fin a las políticas de redistribución keynesianas y propone la reducción del estado como instrumento regulador del mercado y como garante de los derechos sociales. La globalización económica, las nuevas tecnologías informacionales y la crisis económica están siendo hábilmente aprovechadas por el capitalismo para eliminar los derechos sociales y económicos que pactó tras la Segunda Guerra mundial con el movimiento obrero y que dieron lugar en Europa a los estados de bienestar. Los resultados de esta operación del capitalismo y de la derecha política que le representa se están dejando ver desde hace años: aumentan los salarios de pobreza, el trabajo sumergido, los contratos no normados, el trabajo a tiempo parcial y, además, se feminizan la pobreza y los trabajos de supervivencia. Y todo ello acompañado de bajadas generalizadas de salarios desde hace más de una década y de aumento de la jornada laboral. Por si fuera poco, esta reconversión del capitalismo keynesiano en capitalismo neoliberal está expulsando a millones de personas del mercado laboral y ampliando el abismo de la desigualdad. Pero este no es el único problema. Hay otro sobre el que también conviene reflexionar. Y es que la derecha está llevando a cabo una ofensiva ideológica tan eficaz y sólidamente articulada que ha conseguido desmovilizar a una gran parte de la opinión pública. Tanto ha sido así que las políticas económicas neoliberales han invadido nuestras vidas y nuestras cabezas hasta el extremo de que personas progresistas aceptan propuestas ideológicas del discurso neoliberal y lo argumentan como si fuesen procesos de racionalización de nuestras redes de bienestar social. El discurso ultraconservador y neoliberal ha contaminado nuestra forma de analizar la realidad hasta el punto de que las movilizaciones sociales y las huelgas son presentadas a la opinión pública como si fuesen acciones casi terroristas. La deslegitimación del conflicto social es la prueba contundente de la exitosa ofensiva ideológica de la derecha. Por si fuera poco, esas políticas están siendo mostradas a la opinión pública como si fuesen irreversibles. Y, sin embargo, sabemos que nada de irreversible hay en la historia. Mientras tanto, la socialdemocracia se ha mostrado timorata en sus críticas al capitalismo neoliberal y ha sido incapaz de ofrecer una alternativa de sociedad cualitativamente diferente a la de la derecha. Y de otro lado, la izquierda más radical no ha sido capaz de convencer a la opinión pública de que sus propuestas políticas protegen a los sectores más débiles de la sociedad y a las clases medias. Ante un panorama tan reactivo para los intereses de amplios sectores de la sociedad es necesaria una respuesta colectiva rápida y eficaz. Y para ello debemos organizarnos pacífica y activamente en la sociedad civil. Debemos esgrimir razones y argumentos para desenmascarar un discurso y una práctica que nos conducen al aumento de la desigualdad y al abandono de millones de personas a su suerte. En estos momentos, la sociedad civil se configura como el motor de cambio social. Una sociedad civil plural, con muchas voces, marcada por la diversidad de intereses y de énfasis ideológicos, pero que los partidos de izquierda tienen la obligación de escuchar. Ahora bien, la pluralidad no debe ser un obstáculo para articular una propuesta de mínimos que haga frente a las perversas políticas que favorecen al mercado y empobrecen a grandes sectores de la sociedad. Debemos pasar a la ofensiva ideológica y combatir racionalmente, con propuestas y razones, siempre pacíficas, los discursos y políticas que nos conducen al aumento de la desigualdad. Se trata de articular una respuesta colectiva que ponga de manifiesto que el neoliberalismo no es el fin de la historia y que otra historia es posible. Ésta es la hora de la sociedad civil. (Rosa Cobo, 25/05/2012)


[El estado de malestar:]
Lo que estamos viviendo en el contexto de la crisis, en España y en el mundo, es la transición del Estado de bienestar al Estado de malestar. En la convención republicana de Estados Unidos, que tuvo lugar en Tampa esta semana, se aclamó un programa calcado del presupuesto que presento en el Congreso Paul Ryan, el líder más carismático de la derecha. Recortes presupuestarios a tope en las prestaciones sociales, reducción masiva de impuestos a los más adinerados y a las grandes empresas y mantenimiento de impuestos a los sectores medios y bajos. Así se supone que se reduce el déficit presupuestario (sobre todo por los recortes) y se estimula la inversión (porque se espera que los ricos inviertan con el dinero disponible en contra de la evidencia empírica de los últimos 20 años). Pero, ¿que más da? Ya se encuentran siempre economistas a sueldo para hacer una gráfica que justifique cualquier cosa. Se trata de quien tiene el poder de hacerlo. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, gracias a la ingenuidad de Obama. Y si Romney y Ryan llegan a la Casa Blanca, será el llorar y el crujir de dientes para la castigada sociedad estadounidense, con el apoyo de la mayoría de hombres blancos que son tan racistas como antigobierno por ideología. Lo mas espectacular es el proyecto de liquidación gradual de Medicare, el programa de salud pública de Estados Unidos destinado a los mayores. Puede imaginarse una política mas descarnadamente antisocial que retirar la cobertura de sanidad a los desprotegidos en su jubilación? Era impensable hace un tiempo, pero en tiempos de crisis todo es posible. Incluso el que una crisis financiera generada por los financieros desemboque en salvar a las instituciones financieras y recompensar a sus ejecutivos en salarios e impuestos para, en cambio, penalizar a los mas necesitados quitando elementos esenciales de su protección social. Pero esto no es, como sabemos, sólo una cuestión de política estadounidense. La estrategia de Merkel y demás dirigentes europeos, con Rajoy jaleando para que salven al país, y a él de paso, no es diferente. Se trata de aprovechar el miedo de los ciudadanos para llegar al poder, hacer creer que hay que elegir entre austeridad y caos, y liquidar, con el apoyo de un empresariado de cortas miras, lo que era la clave de la sociedad europea: el Estado de bienestar Es ahora o nunca. Hay que dejar de pagar a los parados porque en el fondo son jóvenes vagos sin respeto a la autoridad. A los pacientes porque consumen excesivos fármacos (y ¿cómo si no prosperarían las empresas farmacéuticas?). A los profesores que no se resignan a ser gestores de almacenamiento de niños en lugar de educadores. E incluso a estos funcionarios públicos exaltados como héroes de la sociedad, bomberos, policías y demás agentes de seguridad, malpagados, maltratados y obligados a veces a pegar a quienes con ellos se solidarizan. Se argumenta que en tiempo de crisis no da para estos lujos. Olvidando que sólo se sale de la crisis con productividad y competitividad, lo cual requiere educación, investigación, servicios públicos eficientes. Las cuentas de la vieja de Rajoy no sirven para una economía moderna. El problema no es gastar más de lo que se ingresa sino gastarlo mal en lugar de invertirlo en recursos humanos y de emprendeduría que puedan acrecentar la economía real y generar más riqueza. Una estupidez recorre Europa: la idea de que el Estado del bienestar es excesivamente caro y además insostenible porque el envejecimiento de la población conlleva menos activos y muchos más dependientes y, además, más caros estos últimos porque no tienen la decencia de morirse cuanto toca. En el fondo se trata del triunfo de una mentalidad en que la vida es para producir y consumir y cuando ya no da más hay que eliminar el desecho o reducirles las prestaciones en consonancia con su irrelevancia. Pues, ¿saben qué? En términos estrictamente técnicos, no es así. El Estado de bienestar es la base de la productividad, además de la solidaridad social. En el libro que publique hace unos años con Pekka Himanen sobre el modelo finlandés mostramos cómo la productividad y competitividad de Finlandia, entre las más altas de Europa y superiores a la teutona, estaban basadas en la calidad del capital humano, de la educación, de las universidades, de la investigación. Y también de la salud publica (sin corpore sano no hay mens sana). De modo que hay un circulo virtuoso: el Estado del bienestar genera capital humano de calidad que genera productividad que permite financiar sobre bases no inflacionistas el Eestado del bienestar. Si se desconectan, se hunden los dos. Porque el tan cacareado desfase entre activos y pasivos olvida que en esa ratio entre el numerador de pasivos y el denominador de activos lo importante no es el número en sí sino cuánta productividad generan los activos para pagar por el costo de sostener a los pasivos. Si además las prestaciones sociales se realizan con un Estado de bienestar dinámico y apoyado en tecnologías de información, se abaratan costos. De modo que es sostenible a condición de generar productividad en la economía y disminuir ineficiencia (que no empleo) en el Estado mediante una modernización organizativa y tecnológica del sector público. Pero hay algo aún más importante. El Estado de bienestar no fue un regalo de gobiernos o empresas. Resultó en el periodo 1930-1970 (según países) de potentes luchas sociales que consiguieron renegociar las condiciones del reparto de la riqueza. Y como resultado se estableció una paz social que permitió centrarse en producir, consumir, vivir y convivir. Hoy día se están cuestionando las bases de esta convivencia. Mal cálculo para sus promotores. Porque la destrucción deliberada del Estado de bienestar conducirá a la entronización de un Estado de malestar de siniestros perfiles. Pero esto no acaba así. Nuevos movimientos se están gestando, uniendo indignados y sindicatos. Y de ahí puede surgir un nuevo Estado y un nuevo bienestar. (Manel Castells, 01/09/2012)


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