Responsables de la crisis             

 

Alan Greenspan

Responsables de la crisis:
Hay una reforma que ni Zapatero ni Rajoy ni siquiera Merkel pueden abordar: la de la condición humana. Le echamos la culpa a los mercados, al déficit, a la indexación salarial, y todo esto no es más que un embeleco para no exigirle cuentas a los responsables. Estamos ante la mayor crisis económica en 80 años y sólo hay un tipo pagando (penalmente) por ello: Bernard Madoff. Detrás de la crisis del euro está la crisis griega que estalló cuando se descubrió que su Gobierno había engañado a Bruselas con cuentas falsas. ¿Hay alguien que haya recibido al menos una reprimenda por esto? ¿Han oído de alguna comisión de investigación? Está comprobado que agentes de Goldman Sachs y de otros bancos de negocios se ofrecieron a gobiernos y entidades financieras para estructurar productos financieros con activos tóxicos, engañando al mercado, pero salvo uno o dos tipos que han cambiado de trabajo, nadie que no fuera contribuyente pagó por ello. La comisión de investigación del Congreso de EEUU concluyó con recomendaciones, pero sin responsables. Los bancos irlandeses engañaron a todo el mundo y lo han seguido haciendo hasta ayer cuando se descubrió que necesitan 24.000 millones de euros más. El Gobierno portugués ha caído no porque la oposición sea antipatriota sino porque Bruselas ha descubierto que aplicó la contabilidad creativa a su plan de estabilización. El déficit pasó ayer del 7,3% del PIB, que cumplía con el plan, al 8,6%, que no lo cumple. Un ejemplo más cercano es el que nos ha proporcionado la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la cuarta caja de España y la octava entidad financiera del país. Cuando ya se había emboscado en un SIP, sus socios han descubierto que su mora era mucho más elevada y que necesitaban pedir casi el doble de recursos al Frob. ¿Alguien se hará responsable de esas cuentas falseadas? No hay forma de aprender de las crisis si no sacamos cuentas. Si ya es malo que salvemos de la quiebra con el dinero de los contribuyentes a quien no lo merece, es peor aún que no se busque a los responsables. Después de una primera medida desesperada -nacionalizar sus bancos-, Islandia, que debía al exterior casi diez veces su PIB, decidió dejarlos quebrar. El país se arruinó. El comercio internacional desapareció. Unos 500.000 ahorradores alemanes e ingleses, cuyos bancos habían prestado a Islandia, perdieron su dinero. Pero Islandia no ha desaparecido y sus 319.062 habitantes siguen levantándose cada mañana. Eso sí, han puesto en marcha una comisión de investigación y han nombrado a la franco-noruega Eva Joly, considerada la mejor investigadora antifraude de Europa, al frente de un equipo de 20 especialistas. Un ejercicio de responsabilidad económica y penal que aquí, por ejemplo, nos falta. (John Muller)


Wall Street

Inside Job:
[Paró la música, pero nosotros seguimos bailando] Así define George Soros el fiestón que se dieron los ejecutivos del mundo financiero en los años previos a llevarnos a la ruina. El hombre que derrotó a la libra ofrece su visión de la crisis en Inside Job -expresión anglosajona para designar un trabajo de sabotaje interno-, un magnífico documental sobre la debacle financiera de 2008 que se originó en Estados Unidos y se propagó al resto del planeta. Más que un documental parece una película de terror, en la que el espectador empieza a temblar con los mecanismos de fraude que se inventaron los ingenieros financieros, se pone furioso al ver cómo monstruos con corbata arruinan a miles de personas humildes y sale del cine desengañado al conocer que los ejecutivos, profesores universitarios y asesores de todo tipo que provocaron la crisis siguen teniendo un gran poder político y económico en el Gobierno de Obama. Esto explica que ninguno de esos ejecutivos sin escrúpulos esté en la cárcel. “Lo siento, no lo volveremos a hacer”, dijeron los financieros. “Eso mismo me dijo un ladrón que se está pudriendo en la cárcel”, les contestó un congresista americano. Es verdad que pidieron perdón públicamente ante la Comisión de Investigación del Congreso de EEUU. Pero volverán a hacerlo, porque en su vocabulario no existe la palabra ética. En Inside Job, un directivo de Goldman Sachs cuenta, sin ruborizarse, que considera normal que su firma apueste contra las recomendaciones que da a sus clientes. De “mierda” calificaban los ejecutivos de las agencias de ráting algunos productos a los que otorgaban la máxima calificación (Triple A). El documental recopila imágenes de juicios a ejecutivos, documentos y declaraciones de los principales implicados, aunque algunos de los responsables del desaguisado se negaron a hablar, como Henry Paulson, Alan Greenspan, Ben Bernanke o Timothy Geithner. La opinión de otros expertos -como Nouriel Roubini, Kenneth Rogoff, Paul Volcker y Martin Wolf- refleja que el fraude se convirtió en el corazón del sistema financiero por la combinación de una avaricia desbocada, la salvaje desregulación política y la total dejadez del sistema legislativo. Resulta vergonzoso ver cómo se prostituyeron eminentes catedráticos de prestigiosas universidades. Bajo su aparente independencia, muchos catedráticos -como John Campbell, de Harvard- cobraban de empresas privadas por escribir análisis favorables sobre la salud crediticia de los bancos. Frederic Mishkin, economista de la Universidad de Columbia, cobró del Gobierno de Islandia 124.000 dólares por hacer un informe elogiando el sector financiero islandés, que fue el primero en caer. Inside Job plantea preguntas sobre la falta de ética de estos economistas que opinan sobre decisiones económicas y que esconden su relación con empresas y sus tratos como consultores. Todos los implicados dicen que están haciendo autocrítica -Harvard está revisando su código sobre conflicto de intereses-, pero nada ha cambiado. Warren Buffett es el principal accionista de Moody’s, agencia donde también participa Blackrock, la mayor gestora mundial de fondos de inversión. ¿Cómo se puede permitir que Moody’s califique a Berkshire -la compañía de Buffett- y a Blackrock? Esta crisis no habría ocurrido sin la activa participación de estas agencias de calificación, que abusaron del poder que tenían. Moody’s pasó de tomarse 2 meses para valorar un producto a poner 30 Triples A cada día. Incluso Standard & Poor’s le dio la máxima calificación a Madoff. Un directivo de estas agencias llegó a justificarse ante el Congreso en que ellos no hacen recomendaciones, sino simples “opiniones”. Un desastre como el relatado en Inside Job puede volver a ocurrir porque la música ha cambiado, pero los bailarines siguen siendo los mismos. (Manuel del Pozo, 07/04/2011)


Las agencias al banquillo:
Mientras más se agudiza la crisis, más crece la impresión de que sus causantes no sólo no son sancionados, sino que se están convirtiendo en sus principales beneficiarios. En este contexto, la querella penal contra las agencias privadas de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales debería verse como un freno a la descarnada impunidad de los más fuertes. Pero también como un intento de conjurar un golpe de mercado que, de no detenerse, acabará por arrasar los frágiles cimientos democráticos de nuestras sociedades y los derechos básicos de la mayoría de la población. Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poors y Ficht a lo largo de la crisis habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo. En Estados Unidos, estas actuaciones han sido enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión Estatal de Bolsa y Valores. En Ohio, Connecticut y California se ha acusado a las agencias de haber actuado sin rigor ni transparencia, de haber emitido información fraudulenta y de haber favorecido a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se han dictado algunas sentencias en su contra y se han impuesto nuevas regulaciones. Con todo, las agencias han conseguido desplegar su enorme poder económico, político y mediático para neutralizar los controles más incisivos. En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obliguen, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear. Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar al sector privado y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública y a solicitar los servicios de las agencias. Y es aquí, precisamente, donde estas entran en escena por segunda vez. No ya para calificar al alza activos tóxicos, sino para desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase. El paso del optimismo fraudulento de ayer al desmedido pesimismo de hoy tiene connotaciones más ideológicas que técnicas. Las agencias no califican del mismo modo a los gobiernos conservadores que a aquellos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes. Asimismo, la dureza exhibida con deudas como la griega, la portuguesa o la española contrasta con la laxitud con que se juzgan otras igual o más riesgosas, como la abultada deuda pública estadounidense. Los dictámenes de las agencias carecen, en realidad, de la más mínima rigurosidad argumental. El criterio técnico para medir la solvencia de un país consiste, de manera casi exclusiva, en las ventajas que pueda ofrecer a los especuladores o en su predisposición a restringir los derechos sociales. Nada más. Mientras más favorable se muestre un Gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable se presenta a ojos de los grandes evaluadores. Este modus operandi, ejercido por un puñado de entidades con una posición dominante en el mercado, entraña una conducta delictiva. Sus dictámenes, escasamente transparentes y rigurosos, permiten manipulaciones arbitrarias en el precio de las cosas (art. 284 del Código Penal). Y la información que generan es susceptible de ser utilizada en beneficio económico propio (art. 285). Los gobiernos llegan a pagar hasta 250.000 euros por sus servicios, que luego pueden acabar beneficiando a otros clientes. Los principales tenedores de deuda pública española, por ejemplo, son bancos alemanes, franceses, británicos y holandeses. La mayoría son clientes de las agencias. ¿Cómo no ver el conflicto de intereses? ¿Cómo excluir que estas entidades puedan beneficiarse de manera ilegítima de informes que a menudo se emiten minutos antes del cierre de las bolsas? Muchas de estas operaciones deberían haber sido objeto de control por parte del Banco de España o de la Comisión Nacional de Valores. Pero ello no ha ocurrido. Por el contrario, si los gobiernos víctimas de la especulación carecen de autoridad para cuestionarla es precisamente porque su connivencia con ella ha sido todo menos excepcional. Es en ese contexto donde la acusación popular ante los tribunales cobra más sentido. Como herramienta jurídica, ciudadana, contra la impunidad de una coalición oligopólica dispuesta a sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales de poblaciones enteras. El multimillonario Warren Buffet, uno de los propietarios de la agencia Moody’s, ha podido decirlo sin ambages: “Esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándoles a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus crímenes económicos. (Jaume Asens y Gerardo Pisarello, 07/04/2011)


Crímenes económicos contra la humanidad:
Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables. Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su “teoría del crimen” a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática. En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día. En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título “Wall Street’s economic crimes against humanity”, Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra “la banalidad del mal” y el “narcisismo institucionalizado” en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la “distancia emocional” con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron. Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros. La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin “responsables”. En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de “riqueza familiar” han “desaparecido” al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza. En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran. De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de “crimen económico” se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa. (Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, 29/03/2011)


Culpabilidad ante la crisis:
Se tiende a correlacionar el bien y el mal con el premio y el castigo. Precisamente porque en la mayoría de las ocasiones los hechos no confirman esta suposición, casi todas las religiones se han visto obligadas a elaborar una explicación acerca del sufrimiento de los inocentes. Aquellas que carecen de una creencia firme en la inmortalidad recurren a las más extrañas teorías como la de hacer responsables a los hijos de los pecados de los padres. Por el contrario, aquellas que defienden la existencia de otra vida más allá de la muerte, sitúan en ella la recompensa de los méritos o los castigos por las malas obras o errores cometidos. El capitalismo pretende hacernos creer que constituye un orden justo, por la supuesta razón de que cada cual obtiene aquello que merece. La buena o la mala gestión generan los beneficios o las pérdidas. Por los errores o los aciertos pagan aquellos que los cometen, y el éxito o el fracaso son fruto del trabajo o de la abulia. Lo cierto es que nada de esto es verdad, y casi siempre los culpables de los desastres se libran de toda responsabilidad. En los actuales momentos el coste de la crisis no está recayendo precisamente sobre los que la han originado -los sacrificios se centran en los que no han tenido nada que ver en el asunto-; todo indica, por el contrario, que los responsables pueden estar incluso obteniendo importantes ventajas. Los administradores de las entidades financieras, salvo raras excepciones, tanto en el ámbito internacional como en España, mantienen sus puestos y sus cargos, y continúan percibiendo retribuciones exorbitantes con la excusa de que hay fuga de cerebros. La pena es que no se fugasen antes de originar la crisis. En nuestro país, ellos han sido los causantes de la burbuja inmobiliaria vendiendo a sus clientes edulcorados cuentos. ¿Qué responsabilidades se están pidiendo a los que han llevado a la ruina a cajas de ahorros y a bancos, ocasionando además el estrangulamiento del crédito? Culpables por acción u omisión son, sin duda, los políticos que han permitido este orden de cosas y que durante años se apuntaron medallas, e incluso se jactan ahora de su buen hacer en épocas pasadas. Consideran la crisis como un cataclismo natural y ajeno a la acción del gobierno o como responsabilidad del partido opuesto. Culpables son en España aquellos que han aprobado, propiciado o aconsejado la entrada en la Unión Monetaria, en buena medida causa de los males que hoy acucian a la economía española. Son igual de culpables que los que a principios de los noventa tuvieron nuestra moneda artificialmente apreciada en el sistema monetario europeo, generando crisis, paro y pobreza. Sobre ninguno de ellos ha recaído la menor responsabilidad. Continúan gozando de sus puestos en el sector público o de importantes retribuciones en el sector privado, o de ambas cosas a la vez. Culpables son los ejecutivos de las grandes empresas de servicios que han elevado los precios abusivamente con la finalidad de incrementar sus beneficios. Han originado diferencias permanentes con los demás países europeos en las tasas de inflación, diferencias que, ante la imposibilidad de devaluar, han ocasionado un proceso acumulativo de pérdida de competitividad de la economía. Por ello son también en parte responsables de la crisis y de las dificultades de reactivación. Sin embargo, todos ellos continúan en sus cargos incrementando sus ya escandalosas retribuciones con bonos extraordinarios. La crisis no existe para los que la causaron. Su coste de dolor, sufrimiento y pobreza lo pagan otros. Son otros los que quedan en paro o ven recortadas sus retribuciones. El capitalismo no sé si será eficaz, pero desde luego se lo que no es, justo. (Juan Francisco Martín Seco 29/04/2011)


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