Desigualdad y derechos laborales             

 

Desigualdad y derechos laborales:
[El ataque contra la fuerza obrera:] En la mayor parte del mundo, el 1 de Mayo es un día festivo de los trabajadores internacionales, ligada a la amarga lucha de los trabajadores estadounidenses en el siglo XIX en demanda de una jornada laboral de ocho horas. El 1 de Mayo pasado lleva a una reflexión sombría. Hace una década, una palabra útil fue acuñada en honor del 1 de Mayo por los activistas laborales italianos: precariedad. Se refería, al principio, a la cada vez más precaria existencia de la gente trabajadora en los márgenes -mujeres, jóvenes, inmigrantes. Luego se extendió para aplicarse al creciente precariado en el núcleo de la fuerza laboral, el "proletariado precario" que padecía los programas de desindicalización, flexibilización y desregulación que son parte del ataque contra la fuerza laboral en todo el mundo. Para ese entonces, incluso en Europa, había preocupación creciente acerca de lo que el historiador laboral Ronaldo Munck, citando a Ulrich Beck, llama la "brasilinización de Occidente" "...la proliferación del empleo temporal e inseguro, la discontinuidad y formalidad relajada en las sociedades occidentalizadas que hasta entonces han sido bastiones del empleo completo".


La guerra del Estado y las corporaciones contra los sindicatos se ha extendido recientemente al sector público, con legislación para prohibir las negociaciones colectivas y otros derechos elementales. Incluso en Massachusetts, favorable a los trabajadores, la Cámara de Representantes votó, justo antes del 1 de Mayo, por restringir marcadamente los derechos de los oficiales de policía, maestros y otros empleados municipales en cuanto a negociar sobre la atención sanitaria -asuntos cruciales en EE.UU., con su sistema privatizado disfuncional y altamente ineficiente de cuidado a la salud. El resto del mundo puede asociar el 1 de mayo con la lucha de los trabajadores estadounidenses por sus derechos básicos, pero en EE.UU. esa solidaridad está suprimida en favor de un día festivo campestre. El día 1 de Mayo es el Día de la Lealtad, así designado por el Congreso en 1958 para la reafirmación de la lealtad a Estados Unidos y por el reconocimiento del legado de libertad americana. El presidente Eisenhower proclamó, además, que el Día de la Lealtad es también el Día de la Ley, reafirmado anualmente con el izamiento de la bandera y la dedicación a la "Justicia para Todos", "Fundaciones de Libertad" y "Lucha por la Justicia". El calendario de EE.UU. tiene el Día del Trabajo, en septiembre, en celebración del retorno al trabajo después de unas vacaciones que son más breves que en otros países industriales. La ferocidad del ataque contra las fuerzas laborales por las clases de negocios de EE.UU. está ilustrada por el hecho de que Washington, durante 60 años, se ha abstenido de ratificar el principio central de la ley laboral internacional, que garantiza la libertad de asociación. El analista legal Steve Charnovitz lo llama "el tratado intocable en la política estadounidense", y observa que nunca ha habido un debate sobre este asunto. La indiferencia de Washington respecto de algunas convenciones apoyadas por la Organización Internacional del Trabajo contrasta marcadamente con su dedicación a hacer respetar los derechos de precios monopólicos de las corporaciones, ocultos bajo el manto de "libre comercio" en uno de los Orwellismos contemporáneos.


En 2004, la OIT informó que "inseguridades económicas y sociales se multiplican con la globalización y las políticas asociadas con ella, a medida que el sistema global económico se ha tornado más inestable y los trabajadores soportan cada vez más la carga, por ejemplo, mediante reformas a las pensiones y a la atención de la salud". Este era lo que los economistas llaman el periodo de la Gran Moderación, proclamado como "una de las grandes transformaciones de la historia moderna", encabezada por EE.UU. y basada en la "liberación de mercados" y particularmente en la "desregulación de los mercados financieros". Este elogio al estilo estadounidense de mercados libres fue pronunciado por el editor del Wall Street Journal, Gerard Baker, en enero de 2007, apenas meses antes de que el sistema se desplomara -y con él el edificio entero de la teología económica sobre el que estaba basado- llevando a la economía mundial al borde del desastre. El desplome dejó a EE.UU. con niveles de desempleo real comparables con los de la Gran Depresión, y en muchas formas peores, porque bajo las políticas actuales de los amos esos empleos no regresarán, como lo hicieron mediante estímulos gubernamentales masivos durante la Segunda Guerra Mundial y en las décadas siguientes de la era dorada del capitalismo estatal. Durante la Gran Moderación, los trabajadores estadounidenses se habían acostumbrado a una existencia precaria. El incremento en el precariado estadounidense fue orgullosamente proclamado como un factor primario en la Gran Moderación que produjo un crecimiento más lento, estancamiento virtual del ingreso real para la mayoría de la población, y riqueza más allá de los sueños de la avaricia para un sector diminuto, una fracción de uno por ciento, en su mayor parte de directores ejecutivos, gerentes de fondos de cobertura y otros en esa categoría. El sacerdote supremo de esta magnífica economía fue Alan Greenspan, descrito en la prensa empresarial como "santo" por su brillante conducción. Enorgulleciéndose de sus logros, testificó ante el Congreso que dependían en parte de "una moderación atípica en los aumentos de compensaciones (que) parece ser principalmente una consecuencia de una mayor inseguridad de los trabajadores".


La crisis generada:
El desastre de la Gran Moderación fue rescatado por esfuerzos heroicos del gobierno para recompensar a los autores del mismo. Neil Barosky, al renunciar el 30 de marzo como inspector general del programa de rescate, escribió un revelador artículo en la sección de Op-Ed del New York Times acerca de cómo funcionaba el rescate. En teoría, el acto legislativo que autorizó el rescate fue una ganga: las instituciones financieras serían salvadas por los contribuyentes, y las víctimas de sus malos actos serían compensadas en cierta forma por medidas que protegerían los valores de los hogares y preservarían la propiedad de los mismos. Parte de la ganga fue cumplida: las instituciones financieras fueron recompensadas con enorme generosidad por haber causado la crisis, y perdonadas por crímenes descarados. Pero el resto del programa se vino a pique. Como escribe Barofsky: "las ejecuciones hipotecarias siguen aumentando, con entre 8 y 13 millones de juicios previstos durante la existencia del programa" en tanto que "los mayores bancos son 20% o más grandes de lo que eran antes de la crisis y controlan una parte mayor de nuestra economía que nunca antes. Asumen, razonablemente, que el Gobierno los rescatará nuevamente, de ser necesario. De hecho, las agencias de clasificación de crédito incorporan rescates futuros del Gobierno en sus evaluaciones de los bancos más grandes, exagerando las distorsiones del mercado que les proporcionan una ventaja injusta sobre instituciones más pequeñas, que continúan luchando por sobrevivir". En pocas palabras, el programa del presidente Obama fue "un regalo para los ejecutivos de Wall Street" y un golpe al plexo solar para sus indefensas víctimas. El resultado debe sorprender sólo a aquellos que insisten con ingenuidad inalterable en el diseño e implementación de la política, particularmente cuando el poder económico está altamente concentrado y el capitalismo de Estado ha entrado en una etapa nueva de "destrucción creativa", para pedir prestada la famosa frase de Joseph Schumpeter, pero con un giro: creativa en cuanto a formas de enriquecer y dar más poder a los ricos y poderosos, mientras que el resto queda libre para sobrevivir como pueda, mientras celebra el Día de la Lealtad y la Ley. (Noam Chomsky, 11/05/2011)


Mencionar la desigualdad:
La libertad de hablar se está perdiendo, no porque exista censura sino porque se impone un único debate. Walter Benjamin lo expresó de manera insuperable en Calle de dirección única: “En toda conversación se está infiltrando, inevitablemente, el tema que plantea las condiciones de vida, el dinero”. El dinero ocupa de manera devastadora lo que es el centro mismo de los intereses vitales, decía, y es el límite ante el que fracasan casi todas las relaciones humanas, por lo que, tanto en lo moral como en lo natural, desaparecen “la confianza, el sosiego y la salud”. El calor desaparece de las cosas. El hombre debería compensar con su calor esa frialdad. “Sujetar con gran cuidado las agudas puntas de las cosas para no desangrarse”. Lo escribió poco antes de suicidarse en Portbou, en la frontera española, en 1940. Esta es probablemente otra de esas etapas de la historia en la que la frialdad del dinero se impone. Pasa dentro de la Unión Europea, incapaz de atajar la creciente desigualdad entre los países del norte y del sur, y pasa dentro de muchos de esos países y de sus sociedades, en las que crecen los índices de desigualdad como no sucedía desde hace décadas. Los que “vacían todos los platos para mejor saciarse” creen que es posible rehacer el imperio del dinero, atravesar la crisis sin soportar su parte en el pago de los costes, sin importar la miseria que dejan a su alrededor, como sucedió en siglos pasados. Nadie, en el fondo, ni los socialistas, ni los viejos comunistas, cree ya posible poner freno a ese rearme y mientras que los ciudadanos lo perciban así, tan claramente, es imposible que pierdan su formidable desconfianza política. Aunque quizás ocurra precisamente lo contrario. Quizás, como proponía Benjamin, cuando nos demos cuenta de que la frase “No podemos seguir así” es completamente falsa, porque sí que podemos seguir así, será cuando se produzca el milagro. Quizás sea finalmente cuando los países del sur se den cuenta de que nuestros colegas, los Gobiernos del norte de la UE y el imperio propio del dinero, no harán nada para impedir que sigamos así muchos, muchos años, cuando realmente sea posible empezar a hablar en serio de lo que ocurre. Cuando el dinero no imponga su exclusividad devastadora y sea posible discutir en la mesa de los Consejos europeos y en las reuniones de ministros de Finanzas no solo de las cifras del déficit sino de los índices Gini. Cuando los datos de la desigualdad ocupen tanto espacio en nuestras discusiones como la prima de riesgo. Quizás si los ciudadanos hablamos de eso, si exigimos que se hable de eso, terminemos consiguiendo que ellos también acepten el debate sobre el coste de la crisis y el reparto de responsabilidades y regrese la libertad de hablar. ¿Por qué no hablar en España, en la calle y en el Parlamento, de que nos hemos convertido en el país con mayor desigualdad social de la eurozona? ¿Qué hace que en estos últimos años el termómetro que mide la desigualdad haya subido más en España que en Italia? ¿Qué hace que el famoso índice Gini, que en 2008 rondaba los 31 puntos en los dos países, haya subido a 34 puntos en España mientras que en Italia sigue igual? Es el paro, estúpidos, se podría parafrasear. Efectivamente, es el paro, un paro que los analistas dicen, no ya sin sentir compasión, sino sin sentir la vergüenza exigida al observador, que continuará en niveles superiores al 22-25% durante los próximos años. En los años ochenta se hizo famosa en la Unión Europea una frase de Margaret Thatcher: “There is no alternative” (no hay alternativa), resumida en sus siglas TINA. Pero claro que la había. Ahora vuelve a sonar la misma frase por todas partes, incluso dentro de nuestras casas y de nuestras cabezas: ¡TINA! ¡TINA! En aquellos años un irónico y gran sociólogo francés, Pierre Bordieu, pidió que alguien fuera a buscar a TIA (There is alternative). (Soledad Gallego, 12/10/2012)


Desigualdad y globalización:
Divided we stand es el significativo título elegido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para su informe acerca de los importantes cambios en la distribución de la renta en los últimos tiempos, que evidencian cómo las dinámicas divergentes entre ganadores y perdedores son ingredientes esenciales para entender el legado del binomio globalización más crisis, y no meros efectos colaterales. Los análisis de hace pocos años acerca de por qué los denominados dividendos de la globalización contribuían a incrementar las desigualdades han dado paso a debates acerca de la distribución de los costes de la crisis. La pregunta enunciada por el profesor de Oxford Anthony Atkinson, “¿unequal growth, unequal recession?”, cada vez tiene más sentido para entender cómo se están reconfigurando nuestras sociedades. Los datos muestran, por ejemplo, cómo la porción de rentas que obtiene el segmento de mayores ingresos, como el 10% más rico de la población (de manera especial el 1% superior, los denominados superstars), ha crecido de forma notable en muchos países, acercándonos en algunos casos a niveles inéditos desde el siglo XIX. Por otra parte, el peso de los salarios en la renta nacional, que se había movido al alza desde mediados del siglo pasado, pasó a retroceder desde finales del siglo XX. Ciertamente, la crisis ha golpeado a todos los sectores, desde los que han experimentando aumentos drásticos del desempleo hasta los que han visto sus ingresos sujetos a severos recortes, pasando por los que han experimentando pérdidas en el valor de sus activos. Pero datos significativos recientes apuntan a la continuación de la tendencia al aumento de las desigualdades internas no sólo en las economías avanzadas sino también en muchas economías emergentes (aunque no en todas, siendo Brasil una excepción). ¿Qué puede y qué debe hacerse al respecto? ¿ Está el aumento del peso político de los ganadores en detrimento del de los perdedores relacionado con la merma de capacidad y efectividad de las políticas redistributivas clásicas del Estado de bienestar? ¿Nos encontramos ante una variante de la paradoja de Rodrik en la que las políticas públicas se debilitan precisamente en los momentos de crisis global en que más falta hacen para responder a las importantes asimetrías en el reparto de los costes de la crisis? En el complejo escenario actual las dinámicas de ganadores y perdedores presentan numerosas vertientes. A escala global, las economías emergentes han ido recortando las distancias respecto a las avanzadas. Geoestratégicamente, un crucial legado de esta crisis está siendo la redistribución del poder económico, empresarial y político en favor de los emergentes y en detrimento de los países tradicionalmente industrializados. Kemal Dervis, de la Brookings Institution, comenta la superposición entre esta convergencia que reduce las desigualdades entre países con las ya mencionadas divergencias en la distribución de la renta dentro de muchos países. Entre otras razones, por la regularidad empírica conocida como ley de Kuznets según la cual la adaptación a nuevas realidades se produce de forma desigual entre sectores sociales. De modo que los inicios de las nuevas eras suelen conllevar desigualdades importantes entre quienes se adaptan o impulsan los cambios y quienes se van quedando atrás. Hoy parece, por el contrario, muy lejana la segunda parte de esta ley de Kuznets que señala cómo a medio plazo se recupera una mayor equidad cuando se generaliza la adaptación a las nuevas realidades y las políticas públicas adquieren protagonismo. En las economías avanzadas, la crisis acentúa unas dinámicas denominadas de polarización, en que son las rentas más altas las que salen mejor paradas. Quienes pierden posiciones y estatus son sobre todo las clases medias, que afrontan no sólo una cada vez mayor competencia por parte de las nuevas clases medias globales de los países emergentes, sino que simultáneamente sufren una profunda revisión a la baja de sus expectativas de estabilidad y bienestar al tiempo que tienen que seguir pagando unos crecientes impuestos en sus países con severos déficits presupuestarios, tanto para mantener versiones limitadas del Estado de bienestar además de otras exigencias de la crisis, incluidos rescates de entidades financieras y la carga creciente de deuda pública. Esta eutanasia de las clases medias tiene amplias implicaciones: Fukuyama se pregunta ahora si la democracia liberal tal como la hemos conocido podrá sobrevivir a este declive de la clase media, en contraposición a otros modelos sociopolíticos más autoritarios. Desde Harvard, David Bloom nos pregunta acerca de las consecuencias de una juventud con unas tasas de desempleo muy elevadas (y lamentablemente las cifras de España son referencias que aparecen cruda y explícitamente en cualquier comparativa internacional) y unas expectativas incumplidas, que oscila entre la indignación y la emigración. Kharas documenta el papel creciente de las citadas nuevas clases medias globales, que plantean interrogantes acerca de si podrán ser el relevo de las declinantes clases medias occidentales no sólo como pulmón de consumo sino de exigencias de progresos políticas y sociales. Berg y Ostry, desde el Fondo Monetario Internacional, insisten en que una razonable equidad en la distribución de la renta, con clases medias significativas, es un importante mecanismo de resiliencia que aumenta las probabilidades de que en esas economías en desarrollo se consolide la modernización. El mundo después de la crisis será muy diferente del que teníamos antes. La dinámica de ganadores y perdedores asociada tanto a los profundos cambios como a las formas en que se gestionen políticamente será –ya lo está siendo, por acción u omisión– un ingrediente crucial para conformar ese nuevo mundo… y nuestro papel dentro de él. (Juan Tugores Ques, 12/10/2012)


En cabeza de la eurozona:
España se ha convertido en el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social. Tras varias décadas de mejora gracias sobre todo a una política social activa y a la extensión de servicios públicos gratuitos y universales, la brecha entre los hogares que más ingresan y los que menos no para de crecer desde hace cinco años, al tiempo que aumenta la pobreza. La crisis está afectando gravemente a la cohesión social. El último informe de Eurostat confirma que las diferencias sociales aumentan gravemente. La brecha entre los que más ingresan y los que menos ha crecido hasta el punto de situar a España en el primer lugar entre los 27 países miembros de la UE con mayor desigualdad social. A ello ha contribuido el desempleo desbocado, pero también los recortes en los servicios sociales de carácter universal y un aumento de la fiscalidad indirecta que penaliza más a los que menos tienen. Uno de los indicadores de la desigualdad es la relación que hay entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que ingresa menos. Antes de la crisis, los más ricos ingresaban en España 5,3 veces más que los más pobres. En 2011 esa proporción ha crecido hasta 7,5, cuando la media de la Unión Europea es de 5,7. Lejos estamos ya de Alemania, donde la relación es de 4,6. Las estadísticas confirman algo que se percibe a diario y cuyas consecuencias perdurarán: una parte importante de la población que menos ingresa son jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo y que sufrirán el lastre de la crisis durante mucho tiempo en forma de menor cotización a la Seguridad Social, pérdida de oportunidades profesionales y dificultades en la formación de un patrimonio. En un año se ha elevado dos puntos el porcentaje de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora, el 22% de la población se encuentra en esa situación, con consecuencias de todo tipo, incluso para la salud. La esperanza de vida en el barrio de Barcelona con mayor renta, Sant Gervasi, es de 81 años, mientras que la del más pobre, El Raval, es de 73, según el proyecto Sophie, un programa de la UE que mide estas diferencias. Si estas situaciones las compensara una política social potente, resultarían menos trágicas. Pero ocurre lo contrario. En 2010, los servicios sociales atendieron a más de ocho millones de personas, casi un 20% más que el año anterior. La cifra debe haber crecido sobremanera en 2011 y lo que llevamos de 2012. Pero cuando más se necesitaban, más ha recortado el Gobierno las partidas destinadas a estos fines: un 40% para 2013 en los servicios sociales básicos, los destinados a los Ayuntamientos para, entre otras, ayudas de emergencia. Y los trabajadores sociales, cuando conservan su empleo, están desbordados. Incluso en medio de la peor crisis imaginable se puede pedir una cierta reflexión. Aumentar la cohesión social cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Destruirla, muy poco. (Editorial El País, 14/10/2012)


Bentham:
Su concepto más duradero era el del bien calculable, definido como el excedente de la felicidad sobre la miseria. «La única forma de hacer bien -explicó su discípulo errante, John Stuart Mill- es estimar las acciones en relación a su tendencia a aumentar la felicidad y disminuir la miseria». El objetivo del Estado, según la doctrina de Bentham, era obtener «la mayor felicidad del número máximo de ciudadanos». No se trataba del liberalismo clásico: para Bentham, lo que llamó «utilidad» de la sociedad valía más que la libertad individual. No daba lugar a los derechos humanos, porque los intereses del «número máximo» niegan los beneficios de los excluidos. La mayor felicidad del número máximo exige sacrificios de parte de los demás. Pero el benthamismo sí era un tipo de radicalismo, porque la propuesta de Bentham prescindía tanto de los modelos históricos y las lecciones del pasado como de las recomendaciones de la tradición y las autoridades venerables. Sin lugar a dudas, era materialista a ultranza. La felicidad de Bentham no era ni más ni menos que el placer, y su único mal era el dolor. Su influencia cambió el rumbo de la política, tanto de la izquierda como de la derecha. En Gran Bretaña, durante más de siglo y medio, la tradición radical ha sido predominantemente benthamista, aun cuando se califica de «socialista». En Europa, en lugar de mantener su afán por la igualdad absoluta de todos los individuos, la izquierda de mediados del siglo XIX apostó, bajo la influencia de Bentham, por el intento de disminuir las ventajas relativas de clases privilegiadas. Para Marx y bastantes seguidores suyos, la matanza de burgueses se justificaba por el aumento de la felicidad de un proletariado más numeroso. Para los nazis masacrar a los supuestos enemigos era una medida lógica para lograr la utópica utilidad social. Para la tradición socialdemócrata, más vale dejar a algunos en miseria que sacrificar la oportunidad de mejorar las condiciones generales. Aún bajo gobiernos económicamente conservadores en Europa y América, los perjuicios capitalistas y libertarios no han conseguido excluir el concepto de la obligación del Estado de acudir a los intereses de la mayoría. Como eslogan, «maximizar el bien de la mayoría» tiene su atractivo. El problema consiste en decir quién tiene el derecho de calcular el ajuste entre felicidad y miseria. Para Bentham, la mayoría decide y el árbitro es el Estado. En cambio, desde una óptica liberal y humanitaria, el único criterio aceptable de la felicidad es el gusto personal, y su único árbitro debe ser el individuo. He aquí la clave para entender el gran debate en EEUU que pocos europeos comprenden: el rechazo, por la derecha entera y por buena parte de la izquierda, al intento de maximizar la salud pública con un programa de seguros privados pero obligatorios. En casi todo lo demás, los dos grandes partidos políticos norteamericanos son clavados, respectivamente conservador y reaccionario, según el escritor Gore Vidal. Coinciden casi por completo en política exterior. De una manera formal, disputan la política fiscal, los republicanos apostando por impuestos mínimos y regresivos, los demócratas insistiendo en una política progresiva y distribucionista; pero todo el mundo sabe que, para salir de la crisis presupuestaria, los impuestos de todos tendrán que subir. Así que la diferencia no cuenta para nada. La única discrepancia capaz de cambiar la trayectoria del país se centra en el intento de Obama de extender el amparo del seguro médico. «¡Socialismo!», sisean los republicanos. Pero no lo es. Es benthamismo puro, ya que el coste de la salud queda menos accesible que nunca a un porcentaje reducido de la población -reducido pero bastante elevado, ya que se trata, según cálculos, de unos 30 millones de ciudadanos desamparados, o sea, casi el 10%-. Para un liberal de entrañas, tales exclusiones no son aceptables. Y, para ofender a los conservadores, la salud ya se define por el Estado, en lugar de ser el tema de un contrato individual entre un cliente y su compañía de seguros. Los que se oponen al sistema -bautizado de Obamacare por sus críticos- no son todos ni reaccionarios ni estúpidos, sino, en gran parte, los que contemplan la monstruosidad de la momia de Bentham y reaccionan con espanto o con repugnancia. (Felipe Fernández-Armesto)


Generaciones más pobres:
Una de las características de la situación a los dos lados del Atlántico Norte ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de las rentas y de la propiedad, ligada al gran deterioro de las instituciones democráticas, causado por esta concentración. Las instituciones políticas de los países están muy influenciadas por poderes financieros y económicos y por los sectores con mayor riqueza que configuran las intervenciones públicas que favorecen los intereses de estos poderes y sectores a costa de los intereses de la mayoría de la población. Esto está creando una pérdida de legitimidad y apoyo popular a las instituciones llamadas representativas, junto con una dilución de la confianza que la ciudadanía tenía en el poder del Estado (dirigido por las autoridades políticas) para garantizar un progreso en el desarrollo económico del país, de tal manera que las generaciones nuevas vivieran mejor que las anteriores. Esta esperanza ha estado desapareciendo. En realidad, grandes sectores de la población, que en algunos países alcanza la mayoría, son conscientes de que “los hijos no vivirán mejor que sus padres”. Tal sentimiento quedó muy bien reflejado en las declaraciones del candidato, más tarde Presidente de Francia, François Hollande, expresadas durante la campaña electoral en aquel país. “Hasta hace poco –dijo Hollande- todos teníamos la convicción de que nuestros hijos tendrían mejores vidas que nosotros. Ya no es así. Esta convicción que respondía a una realidad, está desapareciendo”. Esta situación es paradójica, pues la riqueza de los países (incluyendo Francia) continúa creciendo en la medida que crece su economía, realidad que se ha interrumpido recientemente con la Gran Recesión. Pero esta convicción (y realidad que la sustenta) ya existía antes de la Recesión aunque se ha acentuado todavía más con la crisis actual. ¿Cómo puede ser que la sociedad sea más rica y que en cambio los hijos vivirán peor que sus padres? La respuesta a esta pregunta es que el crecimiento económico se distribuye muy desigualmente, concentrándose en las rentas superiores, como resultado de las políticas públicas que se han ido aplicando en la mayoría de países del Atlántico Norte. Estas políticas fueron iniciadas por el Presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en Gran Bretaña, en la década de los ochenta del pasado siglo. En su artículo “The Rich get Richer. Neo-liberalism and Soaring Inequality in the United States” en la revista de economía estadounidense Challenge (March-April 2013), el autor, Tim Koechlin, detalla la gran concentración de las rentas y de la riqueza en EEUU como consecuencia de la aplicación de estas políticas. En 1979, el 1% de la población con mayores ingresos (los súper ricos) ganaba el 9% de toda la renta estadounidense. En 2007, este porcentaje aumentó a un 24%, el porcentaje más elevado que se haya registrado desde 1920, cuando se inició la Gran Depresión en EEUU. ¿De dónde procede esta concentración de las rentas y de la riqueza? La respuesta radica en la mala distribución de la riqueza creada por el mundo del trabajo. Los datos lo muestran claramente. La productividad del trabajador durante el periodo 1973-2008 prácticamente se duplicó. Es decir, un trabajador producía por hora casi dos veces más en 2008 que lo que producía en 1973. Su salario, sin embargo, creció solo un 10% durante el mismo periodo. Por el contrario, los directivos de las grandes empresas han visto crecer sus ingresos desmesuradamente. Mientras que el CEO (Chief Executive Officer o Consejero Delegado) de una gran empresa ingresaba en 1973 22 veces más que el trabajador medio de su empresa, en 2008 esta relación subió a 231 veces (según Lawrence Mishel, The State of Working America. A report of the Economic Policy Institute. 2012, table 4.33). Una situación incluso más acentuada ocurre en cuanto a la distribución de aquellos elementos de la propiedad que generan renta (tales como tierras, acciones, bonos, etc.). Entre 1983 y 2010, el 5% de la población con mayor propiedad la vio crecer un 83%, mientras que el 80% de toda la población (la gran mayoría de la ciudadanía) veía descender su propiedad un 3,2%. En consecuencia, el 1% de la población con mayor riqueza, que tenía el 20% de toda la riqueza en 1971, pasó a tener el 35% en 2007. El 10% de los súper ricos en 2007 tenía el 73% de toda la riqueza, mientras que el 40% de las familias (las clases populares) tenían sólo un 4,2% de toda la propiedad. La concentración de la riqueza alcanzaba niveles incluso más exuberantes en algunos tipos de propiedad. Así el 10% de la población tenía el 98,5% de todos los valores financieros (acciones y otros títulos de crédito), mientras que el 90% restante tenía sólo un 1,5%. La concentración de poder económico y financiero debilita enormemente a la democracia, hasta el punto de eliminarla en muchos países. Esta enorme concentración de las rentas y de la riqueza dificulta e imposibilita el desarrollo democrático de un país, pues los sectores ricos y súper ricos de la población ejercen una enorme influencia, podría decirse control, sobre los aparatos de sus Estados y sus ramas ejecutivas, legislativas y judiciales. Es más, estos grupos y sectores desarrollan sus propias redes, asociaciones y conferencias (en las cuales son incorporados dirigentes políticos de todas las sensibilidades políticas), promoviendo sus ideologías, que cohesionan y defienden sus intereses, presentándolos como los únicos aceptables o respetables, y sus políticas (que favorecen sus intereses) como las únicas posibles. Las alianzas de estas élites juegan un papel clave en las realidades políticas. El maridaje entre los súper ricos y ricos, por un lado, y los políticos conservadores y liberales (y de una manera creciente algunos personajes de la socialdemocracia), por el otro, es una constante en los sistemas políticos, fuente de continua corrupción. Hay múltiples ejemplos de ello. La influencia de la familia que gobierna un sistema casi feudal, Qatar, en las instituciones políticas europeas no es menor. El presidente Nicolas Sarkozy dio amplias ventajas fiscales a los intereses de dicha familia, que le subvencionó las campañas electorales y más tarde sus actividades post-presidenciales. Tony Blair es uno de los asesores mejor pagados de J.P. Morgan (y es frecuentemente invitado por fundaciones y grupos de reflexión para dar lecciones sobre el futuro de la socialdemocracia). Y estoy escribiendo estas líneas el mismo día en que el Sr. Giuliano Amato ha sido propuesto como Presidente de Italia por el Partido Democrático de la Izquierda italiana, siendo tal político un asesor bien pagado del Deutsche Bank. En España la lista de Presidentes, Ministros y autoridades políticas de los partidos mayoritarios en España en grandes empresas y sus CEO (Endesa, Telefónica, Repsol, etc.) es enorme. No es casualidad que el precio de la electricidad y de las llamadas telefónicas, así como el del petróleo, sean de los más caros de la UE. Esta complicidad entre los grupos financieros y económicos y la clase política dominante es la característica de estos tiempos. La inmunidad de la banca con sus conocidos paraísos fiscales se basa precisamente en esta complicidad. Ni que decir tiene que hay muchos políticos que no forman parte de este engranaje de complicidades. Pero las élites gobernantes sí que están plenamente entrelazadas con intereses fácticos que configuran en gran manera sus políticas públicas. De ahí que la gran mayoría de estos súper ricos y ricos no paga impuestos, o paga muchos menos en términos proporcionales, que el ciudadano normal y corriente, lo cual hacen incluso con la ley en su mano, sin necesitar comportamientos ilegales (sin excluir, sin embargo, estas prácticas, que están también generalizadas). Este sistema está en profunda crisis. El maridaje del poder financiero-económico con el poder político es el eje del descrédito de las instituciones llamadas democráticas que tiene su origen (causa y consecuencia) en las enormes desigualdades. La excesiva proximidad entre la clase política dominante y las clases sociales dominantes (las élites financieras y empresariales y los sectores afines de rentas superiores) se muestra con toda claridad en la distancia existente entre las élites gobernantes y sus políticas públicas, por un lado, y las clases populares, que constituye la mayoría de la población, por el otro. Estas últimas desean políticas distintas y opuestas a las que las primeras están promoviendo e implementando. Existen múltiples ejemplos de ello. La gran mayoría de las poblaciones del Atlántico Norte consideran que 1) las rentas del capital deberían gravarse en la misma proporción que las rentas del trabajo, sin que ello haya sido aceptado por los gobiernos; 2) la fiscalidad debería ser progresiva, de manera que los súper ricos y ricos pagaran (en realidad, no solo nominalmente) en impuestos tantas veces más de lo que el ciudadano normal y corriente paga como sea la diferencia de rentas y propiedad entre los súper ricos y ricos y el ciudadano normal y corriente; 3) se deberían eliminar los paraísos fiscales; 4) se debería establecer un máximo de riqueza y de nivel de rentas, como mecanismo de reducción de las desigualdades; 5) se deberían reducir las desigualdades que consideran (el 78% de ciudadanos como promedio de la UE) excesivas; 6) se debería eliminar la influencia del dinero en las campañas políticas y en la solvencia de los partidos políticos; 7) se debería romper el maridaje entre instituciones financieras y empresariales y el mundo político; 8) un político no debería poder trabajar en el sector al cual regulaba o vigilaba en la administración pública en los primeros cinco años después de dejar el cargo; 9) el Estado debería intervenir en el sector financiero para garantizar la disponibilidad del crédito a familias, individuos y medianas y pequeñas empresas; 10) debería haber un salario mínimo que permita una vida decente y que se incremente según el incremento de los precios; 11) se deberían garantizar los servicios públicos del Estado del Bienestar, evitando su privatización; y así un largo etcétera. Ninguna de estas políticas se está llevando a cabo en estos países. Y a nivel macroeconómico, la mayoría de la ciudadanía desea el fin de las políticas de austeridad y unas políticas de expansión encaminadas a crear pleno empleo. El hecho de que cada uno de estos puntos no se realice se debe a la excesiva influencia que los grupos que concentran las rentas y la riqueza tienen sobre el Estado. Y aquí está el problema de la democracia. Frente a esta realidad, limitar el debate a la reforma política sobre si deben o no haber listas abiertas, me parece muy, pero que muy insuficiente. (Vinçenc Navarro, 09/05/2013)


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