Deuda: Composición             

 

Deuda: Composición:
Deuda privada:
El gobierno y sus círculos de poder además de justificar su ineficacia aduciendo que no hay alternativa a sus medidas económicas, tratan de introducir, sutilmente, un sentimiento de culpabilidad en la ciudadanía. Como los españoles han vivido muy por encima de sus posibilidades, ahora toca sangre, sudor, y lágrimas. De nuevo desconocen, o protegen, a quienes han llevado a este país a un endeudamiento neto externo récord: el sistema bancario y las grandes empresas no financieras. La deuda total de la economía española, la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos, ascendía a finales de 2011 a 4,3 billones €, o lo que es lo mismo, un 402% de nuestro PIB. Mientras que la deuda de las familias representaba a cierre de ese año el 83% del PIB, los empréstitos de las sociedades no financieras y de las entidades financieras alcanzaban, respectivamente, el 136%, y el 107% del PIB. El resto, alrededor del 77% del PIB, correspondía a las administraciones públicas. La deuda de España es básicamente privada Es curioso como desde ciertas esferas de poder se presenta la crisis actual como una consecuencia del endeudamiento del sector público. Además de un profundo desconocimiento de los datos reales, no comprenden que la relación causa-efecto es del sector privado al sector público, donde la quiebra del primero ha visto hundido los ingresos impositivos del segundo. Quien no entienda esto, no comprende nada de la actual crisis sistémica. Han sido fundamentalmente las élites económicas y financieras, representadas por las sociedades no financieras y las instituciones bancarias, quienes, guiadas por su avaricia, se apalancaron sin ningún control del riesgo, o bien alrededor de un colateral cuyo precio acabó colapsando, o sobre un negocio cuyos retornos son y serán muy inferiores a los que se suponían por el precio pagado. Como consecuencia, las empresas no financieras dejan de invertir, destruyen capital ya instalado, y despiden a trabajadores. Las entidades financieras, insolventes, cortan el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y tratan de recapitalizarse a costa de los contribuyentes. Las familias y los trabajadores no tienen la culpa Las familias fueron acumulando su deuda actual para la compra de vivienda. El precio de las casas por cualquier métrica de valoración sigue estando sobrevalorado, alrededor de un 50%, tanto si se mide en relación a los alquileres, como en función de la renta de los hogares. En un escenario de destrucción de empleo, descensos salariales, y caídas de la riqueza, como en el momento actual, a las familias no les queda más remedio que reducir consumo privado si quieren mantener su vivienda y disminuir las deudas. Pero no han sido los trabajadores y sus familias quienes han cometido excesos. Al revés, el nivel de explotación de los asalariados ha llegado a extremos absolutamente intolerables. Ya no basta con tener más de 5,6 millones de parados, y unos míseros salarios, donde el 58% de los trabajadores, después de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, ingresan menos de 1.000 euros mensuales. Ya ni siquiera vale que los trabajadores por cuenta ajena paguen cinco veces más de impuestos que las empresas que los contratan, tal como sucedió en 2011. ¡No! Era necesario apretar un poquito más. Y vaya si lo han conseguido. Con la reforma laboral del gobierno del PP, en nombre del internacionalismo moderno y de las mentiras de la competitividad, los trabajadores perdieron la mayoría de sus derechos. La élite política y económica, con una formación académica y un bagaje intelectual en muchos casos inferior a la de sus empleados y electores, en vez de promover el talento, la innovación y el emprendimiento, decidieron, para el futuro de nuestros hijos, otra cosa bien distinta. El sector privado empresarial y financiero es insolvente Por el contrario, las élites financieras y empresariales sí que cometieron excesos, y están quebradas. Sin embargo, continúan a lo suyo, a campar a sus anchas por los ministerios, cambiar leyes, reducir el número de reguladores, acelerar la constitución de monopolios, monopsonios, y oligopolios. Y para colmo, tenemos que rescatarles. Las empresas no financieras se endeudaron masivamente alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Desde 1997 España vivió la generación de una burbuja alrededor de la vivienda. El sector inmobiliario aumentaba su peso en la economía, generaba mucho empleo y alimentaba una riqueza ficticia que produjo una sensación de ilusión monetaria. Esta dinámica se vio retroalimentada a través de su financiación por un enorme volumen de deuda. Cuando caen los precios de la vivienda y del suelo, los balances de la inmensa mayoría de las empresas inmobiliarias son insolventes. Este sector es el responsable directo e indirecto del 70% del incremento del paro. Además del sector inmobiliario la segunda fuente de acumulación de deuda del sector empresarial español fue la diversificación internacional. Las inversiones directas de España en el exterior en los últimos 10 años, utilizando datos de Balanza de Pagos de Banco de España, se han cuadruplicado, alcanzando en de 2011 una cifra superior a los 480.000 millones de euros. Sin embargo, los retornos de esas inversiones directas apenas se han duplicado, reflejando una productividad decreciente del capital. De nuevo compraron tarde y caro. Finalmente nos queda el sector bancario, que en períodos de auge económico o después de un largo período de crecimiento sostenido suele asumir más riesgo. Los bancos reducen sus exigencias para los préstamos, aceptan unas tasas de endeudamiento más elevadas, y se conformar con una menor proporción de activos líquidos. La banca española expandió sus balances de manera incontrolada. Sus activos crecían mediante la concesión de créditos y préstamos, básicamente alrededor del sector inmobiliario, y se financiaba con deuda en el mercado de capitales. Las consecuencias ya las conocemos, un rescate bancario en toda regla, que al recaer sobre los contribuyentes se acaba trasladando a la deuda soberana. El proteger a una élite tiene esas consecuencias, la quiebra soberana. Bajo este análisis, la economía española presenta una crisis de balances. Por lo tanto, el actual gobierno, al igual que tenía que haber hecho el anterior, y no lo hizo, debería haber acelerado la limpieza de los balances del sector privado, sin que finalmente fueran los contribuyentes quienes acabaran pagando los platos rotos. A su vez debería haber peleado por convencer a Europa que España no puede asumir más recortes y ajustes presupuestarios. Pero de todo esto, nada de nada. Hoy en día una auténtica política reformista exige hacer frente a los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clase, y el sectarismo. Por favor, dejen de echar la culpa a millones de españoles de los terribles excesos de unas élites empresariales y financieras quebradas, y que sean éstas quienes realmente asuman las consecuencias de sus actos.

Parados en oficina de empleo


Deuda: Salida:
Partiendo de la tautológica afirmación de que para salir de la crisis hace falta crecer (¿en qué otra cosa puede consistir salir de la crisis sino en lograr que la economía vuelva a crecer, precisamente?), se plantea el problema de cómo conseguirlo. El cambio en el panorama político europeo que ha supuesto el resultado de las elecciones presidenciales francesas, quebrando el eje franco-alemán del “recorte y tentetieso”, parece situar el margen de maniobra de la política económica en un escenario un poquito más keynesiano. Conviene recordar que la farmacopea keynesiana es muy grata a los políticos, porque les permite salir del paso a corto plazo. Es sabido que al epónimo economista británico, Mr. Keynes, le interesaba escasamente el largo plazo, porque a ese horizonte temporal tan lejano, decía, “todos estaremos muertos”. Como economista que procura tomarse su oficio lo más en serio posible, siento cierta envidia de los médicos. Los galenos poseen unos saberes, cada vez más eficaces, que ellos mismos aplican, mientras nosotros, los economistas -con independencia de la eficacia de nuestros conocimientos- no solemos ser los que los aplicamos, sino que son los políticos los que lo hacen por nosotros. Y esta mediatización puede explicar muchas cosas. Por ejemplo, que se recurra a los parches Sor Virginia (planes E zapateriles, por 5.000 millones de euros, nada menos) para remediar dolencias que requieren tratamientos mucho más rigurosos, e incluso la cirugía (reformas estructurales, como son las del régimen político de las Autonomías o la propia consolidación fiscal). Y es que el remedio paliativo de los célebres parches los tolera mejor el cuerpo electoral que otras medidas más drásticas y dolorosas. Por eso, digo, los políticos suelen preferir los remedios del curandero o la medicina paliativa, a la propiamente curativa. ¿Fueron a abrazar al Santo? La pasada semana han coincidido en Santiago de Compostela nuestro ministro de Economía y el de Finanzas alemán. El primero de ellos, señor De Guindos, ha coincidido con el segundo acerca de la conveniencia de cohonestar la consolidación fiscal (ya saben, eso de los ajustes entre ingresos y gastos para ir reduciendo el déficit público hasta su eliminación total… y luego poder inflarlo otra vez) y la necesidad de acometer una política de gastos que propicie el crecimiento. En principio, parece que eso es lo que fueron a pedir ambos ministros al Señor Santiago, patrón de España, porque no consta que el apóstol haya sido destituido de tan comprometido cargo. Y han hecho muy bien en ir los dos juntos, porque la sentencia aquella de Ortega y Gasset –el gran Espectador- que afirmaba rotundamente: “España es el problema y Europa la solución”, tendríamos hoy que reformularla: “España es el problema,…y Europa también”. De modo que a Santiago, a pedir árnica al Santo. Bien, pues creo sinceramente que para lograr dicho propósito no hace falta ningún milagro, bastaría con la dosis necesaria de realismo y voluntad política. Sí, me parece que la consolidación fiscal y una discreta expansión de determinados gastos públicos pueden ser perfectamente compatibles. Diría incluso que la combinación de ambas políticas constituye una buena receta para lograr la superación de la crisis y un crecimiento económico más sano y sostenible. Mucho menos gasto por aquí,… y un poquito más por allá. La consolidación fiscal debe lograrse fundamentalmente por vía de la reducción del gasto público consuntivo así como por el redimensionamiento del propio Sector público (estatal, autonómico, provincial y municipal), el cual ha de replegarse al desempeño de las funciones que hoy le atribuye la teoría de los fallos del mercado (el Estado, entendido en sentido amplio, debe hacer únicamente lo que la sociedad no puede hacer por sí misma y, sin embargo, es necesario hacer), sometiéndose a las limitaciones y controles que se desprenden de la teoría de la elección colectiva, al objeto de evitar sus excesos e ineficiencias. Hace unos días negaba el presidente del Gobierno la revisión del Estado de las Autonomías (“ni se plantea”, dijo); si bien después, en el acto de toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Estado –esto es, en sede del organismo más claramente prescindible del Estado, al decir de conspicuos administrativistas- declaró imprescindible “repensar y evaluar” seriamente la cuestión para evitar duplicidades y costes excesivos. Pero no se trata de tener buenos pensamientos sino acertadas decisiones, aunque, en honor a la verdad, hay que decir que el acuerdo del último Consejo de Ministros de reasumir las competencias en materia de cuencas hidrográficas, puede constituir un indicio esperanzador. Hablamos de gastos superfluos y hay que decir, una vez más, que el mejor camino para recortarlos es recortar directamente al gastador, porque lo primero vendría por añadidura, con mejora de la eficiencia y ampliación de los espacios de libertad. Tenemos, en efecto, un Sector público metomentodo y glotón, y, como consecuencia de ello, patológicamente obeso. Repetir la larga lista de los organismos y conceptos donde aplicar la tijera, da pereza. Pero nunca hay que perder la oportunidad de recordar que no es función del Estado, por ejemplo, la de imponernos la lengua en que tenemos que hablar, enseñarnos lo que moralmente es bueno o malo, y, en fin, marcarnos el paso “de la cuna a la sepultura”, como suele decirse. Como tampoco es ocioso insistir en que no hay sanidad, educación, ni protección social a coste cero, pues, como decía el presidente Jefferson: “si esperamos que el Estado nos lo dé todo, será el Estado quien nos lo quite todo”. En cuanto al marasmo regulatorio derivado de la amplísima capacidad normativa reconocida a las Comunidades Autónomas -fuente de inseguridad jurídica y de toda clase de distorsiones económicas interterritoriales, además de factor disuasorio para la inversión directa extranjera en España-, baste con mencionar la principal conclusión del reciente informe de CEOE sobre la ruptura de la unidad de mercado en nuestro país. Aplicando al caso español la metodología del Informe Checchini sobre El coste de la no-Europa (1988), obtendríamos como resultado una pérdida de crecimiento económico potencial de unos 45.000 millones de euros anuales. Añádase a este dato el exceso de gasto corriente incurrido por las duplicidades administrativas de dichas Comunidades, estimado por la Fundación UPyD en 26.000 millones, y tendremos una idea, siquiera aproximada, del coste de oportunidad y del coste directo del régimen autonómico. Son cálculos muy groseros, sin duda, pero expresivos. ¿Entonces, qué gastos cabría aumentar para conseguir eso de ”preservar la austeridad sin dañar el crecimiento”, al decir de la señora Lagarde? Con carácter general, hay que responder que, en todo caso, aquellos gastos que contribuyan efectivamente a mejorar la eficiencia del sistema económico, la integración del mercado interior, la productividad y la cohesión nacional. Se afirma reiteradamente que España ha realizado en estos últimos tiempos un gasto excesivo en infraestructuras y que ocupamos a este respecto un puesto en el ranking internacional que no se corresponde con nuestro verdadero nivel económico. No obstante, la dotación presupuestaria del Estado para este capítulo, en 2012, se ha incrementado en un 39% respecto a la de 2011, pasando de 3.199 millones de euros a 4.448. Se echan en falta, ciertamente, las argumentaciones de los keynesianos de hogaño acerca de las ventajas que, para impulsar el crecimiento y el empleo, posee el multiplicador de la inversión, una vez demostrados los perniciosos efectos del keynesianismo vulgar cifrado en el gasto meramente consuntivo. ¿Y cómo se financia todo esto? Un país como España, que en 2012 tiene que afrontar el pago de unos intereses de la Deuda de 29.246 millones de euros; que al final de este mismo año tendrá un volumen de endeudamiento público del 79´8% del PIB (2011 se cerró con un 68´5%) y de deuda exterior total casi el cuádruplo de su PIB ; que ve cómo minora la capacidad recaudatoria de sus principales impuestos (después de haber elevado sustancialmente la presión fiscal por vía del IRPF y el IS, y con el proyecto de intensificarla pronto por la del IVA y otros impuestos sobre el consumo); un país así, repito, que ve deteriorarse progresivamente el rating de su Deuda soberana (BBB+, según la última calificación de Standard and Poor´s) y aumentar su diferencial con respecto al bono alemán de referencia ( hasta los 456 p.b., a fecha de ayer mismo), no tiene otra alternativa que proceder a una profunda reforma de sus instituciones económicas, empezando por la de su hipertrófico e ineficiente Sector público. Como las históricas de Mendizábal y Madoz en el XIX, se impone hoy una nueva desamortización, esta vez del patrimonio prescindible de las Administraciones públicas. Causa estupor la cifra -seguro que corta- de los 55.000 inmuebles que mencionó la vicepresidenta del Gobierno en una de sus primeras comparecencias ante los medios de comunicación. Lo mismo que la mayor parte del sector público empresarial, con un censo de más de 4.000 entidades del más diverso pelaje. Una medida así generaría importantes ingresos de capital y un significativo ahorro de gastos corrientes para el futuro. Por último, hay que insistir, una vez más, en la necesidad de revitalizar el principio del beneficio como criterio de reparto de la carga fiscal. No es razonable que un Estado que presta tantos servicios que se traducen en beneficios individuales y divisibles, sólo prevea obtener por el capítulo “Tasas y otros ingresos” el 2% de los recursos presupuestados en concepto de “Ingresos impositivos”. Ciertamente, no sólo de impuestos debe vivir la Hacienda, pues, además de las tasas, existen las contribuciones especiales y, fuera del ámbito estrictamente tributario, los precios públicos. Una aplicación ortodoxa de estos conceptos de ingreso contribuiría, sin duda, a la consolidación fiscal mejorando la equidad en el reparto de las cargas comunes y la eficiencia económica.



Deuda: Composición:
La estrategia es recurrente: la crisis justifica tomar medidas urgentes. Las medidas urgentes son necesarias pero no necesariamente deben ser las que se están tomando. En España, la opción hegemónica desde el estallido de una crisis pseudo paranormal (presentada como meteorológica, anónima y sin progenitores) ha sido endeudarse públicamente. Más concretamente, la maniobra elegida ha sido una política de reestructuración de la deuda, diseñando vasos comunicantes entre la deuda pública y un selecto sector privado. En estos años, el importe global de la deuda en España ha aumentado de 352,4% del PIB en 2008 a 395,7% en 2011. Detrás de cada gran número, siempre hay mucha letra pequeña. Desmenuzar un poco esta grandilocuente magnitud permitirá esclarecer ciertos matices que ayuden a entender qué transición se está llevando a cabo. Por mucho que se diga, el caso en España no es el griego. En 2007, España sólo tenía deuda pública del 36% del PIB; en Grecia, este importe ascendía al 165% del PIB para ese mismo año. El gran problema de la economía española era la deuda, la deuda privada. Desde 2001 a 2008, la deuda privada pasó del 100% al 200% del PIB. El boom español se basaba en la industria del crédito. Otros países como Estados Unidos, adicto a la crédito-política, necesitó 22 años (1984 a 2006) para un crecimiento tan exponencial del endeudamiento privado. La cuestión, per se, no es el volumen de la deuda privada, sino el “para qué” de ese alto nivel de endeudamiento. Esa elevadísima deuda privada no estuvo en ningún momento conectada con la economía real, y mucho menos, con las necesidades reales de las grandes mayorías. Era una deuda privada no democratizada: a) solo una cuarta parte era deuda de las familias, y el resto, deuda empresarial, y b) el 95% de toda la deuda privada empresarial pertenece al 0,153% de las empresas españolas. El otro matiz a destacar es lo que sucede en términos de deudas en el sector financiero: la deuda bancaria es aproximadamente 1,4 billones de euros (un tercio del total de la deuda). Lo peor es que este escalofriante dato está acompañado de un alto valor en activos tóxicos (equivalente al 18% del PIB). Esto es, tienen altas deudas sin tener activos que la sostengan. Esto solo puede explicarse por otra cifra: el 60% de las operaciones del sector financiero español en estos años eran destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria. Esta es la base del régimen de acumulación de la deuda (privada) en España en los últimos años para garantizar una hiper concentración de altos beneficios en manos de una gran minoría. Esta estructura de la deuda ha permitido que, por ejemplo, entre 1999 y 2006, las empresas españolas hayan aumentado sus beneficios netos en un 73% (más del doble que la media de la UE). Después del 2008, la deuda ha cambiado su composición, pero no por azar, sino como consecuencia de asumir un modelo económico pensado para un crecimiento enriquecedor de la minoría. Ahora, la deuda tiene una notable cuota pública, entorno al 72% del PIB en 2011, aunque está todavía por debajo de la deuda pública de Estados Unidos, de Japón, o de la media de la UE. Este incremento de deuda pública en España obedece a una estructura económica generadora de beneficios empresariales, con salarios-empleos altamente dependientes de una riqueza ficticia, sin base productiva y mal distribuida, y financiada con mucho crédito. Cuando este crédito no tiene base económica real, se agota el tramposo circulo virtuoso. Y comienzan las soluciones urgentes ¿Cuáles? Flexibilidad laboral y rigidez de dividendos. En otras palabras, desempleo y caída de salarios para mantener constante la tasa de ganancia. Esto y no la mal llamada crisis es lo que ocasiona que el desempleo haya pasado del 9% en 2007 al 24,63% en 2012. Una primera razón del incremento de la deuda pública procede del financiamiento de un déficit ocasionado en parte por la prestación de desempleo. El problema no es el derecho a la prestación sino el desempleo como primera medida de ajuste laboral para mantener beneficios. Además, caen los ingresos públicos tributarios por la reducción en la actividad de la magra economía real, y porque muchos impuestos sobre los beneficios fueron reducidos en los años de vacas gordas. Por otra parte, la política pública ha destinado hasta el momento 100.000 millones de euros al sector financiero para desintoxicar sus balances. Esto es, 10% del PIB para sanear balances privados a costa de más deuda pública. El circulo es mucho más vicioso porque a medida que eso sucede se comienza a pagar intereses de la deuda contraída. Por ejemplo, durante el 2010, la Administración Central acudió a los mercados en 52 ocasiones, para pedir prestados 208.624 millones de euros; de esta cantidad, más del 50% se destinaron a amortizar deuda. Desenlace: desde 2007 hasta la actualidad, la deuda pública se ha duplicado. Esta es el leitmotiv de la nueva transición en marcha, pactada por la minoría, una transición endeudada socialmente con el pueblo y deudora con el capital. Los poderes económicos europeos y mundiales, usando un instrumental bipartidista en democracia aparente, diseñan una transición en aras de una suerte de desamortización española del siglo XXI que reordene la concentración de la riqueza y reconfigure públicamente la base de acumulación de la deuda total. Esta será la política económica de los próximos años si no lo evita otra transición, otro gran pacto de las mayorías a favor del desendeudamiento social sin pagar deuda ilegitima. Está en manos de la otra transición que la ilegitimidad se convierta en ilegalidad si así se decide políticamente. Hace mucho, en 1953, Alemania negoció en Londres una quita y moratoria del pago de la deuda externa. Hace poco, en 2007, el nuevo gobierno de Ecuador decidió políticamente auditar la deuda contraída por la vieja casta política. Declaró ilegitima gran parte de la misma. Dijo que no lo pagaría. Frente a la amenaza no creíble de los acreedores, la decisión política fue no pagar. Otro desenlace es posible: los acreedores debieron pensar que “mejor algo que nada” y aceptaron el 30% del valor total. Ecuador ha preferido optar por el desendeudamiento social. (Alfredo Serrano, 20/08/2012)

Timothy Geithner, Secretario del Tesoro EE.UU.


Deuda, Bancos, Politica:
Las cuentas correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado han supuesto, en resumen, un importante recorte en los servicios públicos del Estado de Bienestar, así como en partidas de gasto que jugaban un papel clave para la generación del poco empleo que el Estado podía aún crear. Ya se anticipan cientos de miles de despidos, efectos secundarios de estas medidas. La principal razón que se esgrime es el cumplimiento de unas cifras de déficit público y deuda acordadas con los demás países de la Zona Euro. Pero a casi nadie escapa ya que estas decisiones, plazos y exigencias han venido marcados por el comportamiento de lo que muchos denominan “los mercados”. El mercado es una institución que explica parte de las revoluciones burguesas e industriales de los siglos XVIII y XIX. En este lugar físico se encuentran una oferta y una demanda libres que, obedeciendo a un supuesto instinto egoísta del ser humano, se ponen automáticamente de acuerdo para fijar los precios de los productos que allí se encuentran. Por ejemplo, si tenemos cien patatas para dos compradores, el precio de estas será muy bajo: es probable que muchos de los ausentes se hayan retirado del lugar por el mal color y aspecto de estos tubérculos, por lo que los pocos céntimos con los que se adquirirían vendrían a ser un índice aproximado y cuantitativo de su calidad. Algo así quieren hacernos creer con la economía española y con las subastas de deuda en el mercado financiero: para muchos -sobre todo para los que tienen participaciones o buen acceso a los principales medios de comunicación-, la prima de riesgo es una especie de termómetro que marca el nivel de gravedad de nuestra enfermedad económica; en este sentido, los recortes que están teniendo lugar serían más que merecidos y supondrían medidas dirigidas a restaurar en el menor tiempo posible la confianza en los fundamentos de la economía española: medicamentos amargos al gusto pero, a largo plazo, buenos para nuestra convalecencia. Las arcadas sentidas al ingerirlos se parecerían al picor cuando una herida empieza a curar: buenas señales. No obstante, los termómetros pueden marcar lo que quieran si los pegamos a una estufa y las heridas infectadas también escuecen: ¿qué intereses están influyendo en el dictado de estos planes de empobrecimiento? Los mercados se nos presentan por los medios de comunicación social como una especie de ejercicio de democracia financiera, según la cual el dinero de los ahorradores libres de todo el mundo decide a dónde va y denota la fragilidad de los activos públicos o bonos de los países que consiguen menos demanda. Pero la idea de democracia financiera flaquea cuando quienes deciden qué es bueno o qué es malo son un puñado de grandes entidades que, interconectadas con infinidad de sociedades, compran y venden cientos de miles de millones de euros a toda velocidad y con acuerdos mutuos previos. No estamos ante un mecanismo de libre competencia, sino ante un conjunto de grandes actores, en muchas ocasiones, con estrategias premeditadas. ¿Somos víctimas de una conspiración de grandes entidades? Es poco probable: la deuda pública española asciende, aproximadamente, a un 65% del PIB español -de la riqueza del país-, pero la privada -empresas, banca y familias- se acerca al 300%, con lo que la suma de los dos componentes nos acerca a cuatro veces lo que hemos sido capaces de producir. Los inversores saben que la debilidad del Estado le llevará a ir haciendo pública parte de la deuda privada (nacionalización de la deuda), por lo que anticipan una posible quiebra futura. Pero la actividad especulativa y los planes de empobrecimiento patrocinados por Bruselas incrementan a su vez este riesgo. Llegados a este punto parece que nos encontramos en una situación sin salida. ¿Por qué se están tomando medidas en nuestro país que incrementan el riesgo de quiebra o depresión económica y social? Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno deberíamos partir de la hipótesis de que el Estado y la política no están siendo del todo autónomos: la deuda pública está siendo comprada, sobre todo, por los grandes bancos españoles, que se hacen, de esta forma, poseedores de una buena parte de la columna de ingresos -por préstamos- de los mencionados Presupuestos Generales del Estado. De ahí que los que participan en la financiación de un país puedan tomar parte indirectamente en las decisiones sobre en qué se va a gastar ese dinero: sobre todo, en devolver cuanto antes los intereses que estas operaciones de préstamo generen. Si a esto sumamos los altos cargos del Gobierno que proceden de bancos como el Santander, el BBVA o Banesto, por el lado español, y otros como Barclays o Lehman, extranjeros, podremos entender que las decisiones estatales converjan en cierto modo con los intereses de las entidades acreedoras de la nación -aunque enormemente endeudadas con otras entidades-. Deberíamos partir de un conocimiento de datos de este tipo para formular una definición alternativa de gobierno: nuestros actuales dirigentes -y los anteriores- se encuentran cada vez más lejos de sus programas políticos y de los intereses de los ciudadanos. Asistimos a rescates diarios de las finanzas del Estado por unos poderes muy concentrados y que influyen decisivamente en las políticas públicas que se van a seguir adoptando. Los Presupuestos Generales de “los mercados” reflejan que una democracia endeudada hasta tal punto no merece tal calificativo. Todo parece indicar que no son solo los hombres y las mujeres del PP los que están al timón del país. Y que sus compañeros de viaje llevan ya mucho tiempo mandando: el mensaje del 15 de mayo de 2011 está más vigente que nunca.


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