Reforma de las pensiones: Jóvenes y mujeres             

 

Reforma de las pensiones. Jóvenes y mujeres:
Rostros ocultos de las pensiones:
Las exigencias por parte de CCOO y UGT de retrasar los plazos para culminar la reforma de las pensiones e implementar de forma gradual los cambios acordados no hacen más que posponer el golpe de dicha reforma y focalizarlo en las crecientes filas de trabajadores precarios en el Estado español. A diferencia de lo que pueda parecer, la reforma de las pensiones no atañe únicamente, ni de forma particularmente severa, a aquellos trabajadores en la recta final de sus vidas laborales. Quienes cataremos sus primeros latigazos nos encontramos aún lejos de la edad de jubilación y seremos sus principales víctimas, no sólo como resultado de su implementación progresiva sino también por los cambios acaecidos en el mercado laboral español durante las últimas décadas. Somos aquellos que nos incorporamos al mercado laboral más tarde que nuestros padres quienes sufriremos los efectos de la incapacidad de cotizar los 38,5 años requeridos para cobrar el 100% de la pensión al cumplir los 65. Somos aquellos que hemos presenciado impávidos la precarización del mercado laboral durante las últimas décadas, los mismos que nos vemos obligados a trabajar durante cada vez más años en negro, con becas, jornadas parciales y contratos basura, a los que no nos saldrán las cuentas tras la ampliación a 25 años del período de cómputo de las cotizaciones. Somos los mismos que, cuando cumplamos los 66, no nos habremos jubilado aún, no sólo porque no nos tocará todavía por ley sino, sobre todo, porque nos faltarán varios años aún de cotización para poder obtener una pensión garante de una vejez digna.

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Desigualdades de género:
A los impactos generacionales de la reforma de las pensiones se suman los de otras desigualdades laborales y sociales como las de género y origen nacional. Estas explican la presencia aún periférica de las mujeres en el mercado de trabajo y nos colocan en una posición particularmente endeble ante el endurecimiento de requisitos introducido por la reforma. A finales de 2010, casi el 56% de los trabajadores ocupados en el mercado de empleo formal eran hombres, frente a un 44% de mujeres. Las tasas de ocupación femenina disminuían en los tramos de edad reproductiva, donde a su vez aumentaba el número de mujeres trabajando a tiempo parcial para poder conciliar así su empleo con el cuidado de su hogar y familiares. Asimismo, las mujeres constituíamos menos de un 40% del total de trabajadores remunerados a tiempo completo y más de un 77% de los ocupados a tiempo parcial. Entre estos últimos, las mujeres sumábamos el 97% de trabajadores a media jornada fruto de la obligación de cuidar a niños o familiares adultos y el 94,17% de los que no accedían a un empleo a jornada completa como resultado de otras responsabilidades familiares. En el primer grupo teníamos una presencia desproporcionada las mujeres de entre 25 y 44 años y en el segundo las mujeres de 35 años y mayores. De poco servirá el reconocimiento de nueve meses de cotización por cada permiso de maternidad solicitado –con un límite de dos años en total–, ya que, por un lado, dicho reconocimiento únicamente entrará en vigor en aquellos casos en que la trabajadora haya conseguido cotizar más de 35 años y, por el otro, cabe recordar que los perniciosos efectos económicos y laborales de los malabarismos en pos de la conciliación azotan a las mujeres durante toda nuestra vida, y no sólo cuando decidimos ser madres. Sin ir más lejos, las mujeres solicitamos el 85% de las excedencias para cuidar a familiares adultos.


El ahondamiento del principio contributivo del sistema de pensiones, que prioriza largas carreras laborales formales por encima de la edad biológica, perpetuará la vulnerabilidad social de todos aquellos y aquellas que ocupamos una presencia secundaria en el mercado de trabajo, sea esta en forma de jornadas parciales, trayectorias laborales discontinuas o una alta concentración en la economía informal. Si a ello se le añade que el salario medio femenino constituye todavía el 78% del masculino, que las tasas de paro entre las mujeres de origen inmigrante y las jóvenes son del 29% y el 61% respectivamente y que el salario medio de las primeras suma sólo el 50% del de los hombres autóctonos, mientras que el de las segundas roza el 37% de la población total, no resulta difícil elucidar quién pagará una parte importante de los recortes perpetrados.


No se trata aquí de obviar la gravedad de los efectos de la reforma sobre el conjunto de la clase trabajadora –que sin duda serán severos–, sino más bien de visibilizar que algunas de las desigualdades sociales actualmente existentes se verán profundizadas. ¿Quién será capaz en 2040 de demostrar entre 37 y 38,5 años de cotización a tiempo completo y obtener una pensión digna a las edades de entre 65 y 67 años como resultado de haber computado los últimos 25 años de su vida laboral formal y remunerada? Ni los jóvenes que sufrimos en carne propia la irreversible precarización del mercado de trabajo, ni las mujeres que vemos nuestras vidas laborales constantemente interrumpidas y diezmadas por nuestras múltiples e impuestas obligaciones de cuidado, ni las personas de origen inmigrante que inundan el saco sin fondo de la economía sumergida. Y no estaremos solos, ya que el modelo de vida laboral estable, registrada, ininterrumpida y en constante promoción en la que parece basarse la reforma de las pensiones constituye cada vez menos una realidad del presente y deviene a ritmos acelerados un recuerdo nostálgico de antaño o privilegio de una minoría. (Sandra Ezquerra para Público)


Pensiones públicas dignas y seguras:
El sistema de pensiones es clave para la población. Da cobertura a más de ocho millones de personas y los trabajadores confían en una prestación adecuada y suficiente cuando finalicen su vida laboral. Su tarea es ambiciosa y esencial, estabiliza los ciclos económicos y reequilibra desigualdades sociales, con mucha influencia en la calidad de vida de las personas. El sistema público de pensiones ha mantenido hasta hace poco superávits anuales, acumulando un Fondo de Reserva elevado (66.814 millones de euros hasta mediados de 2012; el 6,5% del PIB). La crisis que ha destruido tres millones de ocupados ocupados desde 2008, tiene una influencia determinante en el deterioro de sus cuentas hasta incurrir en déficit (-4.400 millones de euros en 2012, y -2.131 millones de euros en 2013 con la previsión oficial). En 2013 entra en vigor una amplia reforma, derivada del acuerdo alcanzado en 2011 por el Gobierno anterior con CCOO, UGT, CEOE y CEPyME y aprobado después por las Cortes Generales. Profundiza en la contributividad del sistema cambiando la fórmula de acceso y cálculo de las prestaciones, incorporando el criterio de carrera profesional completa con 38,5 años cotizados para determinar la edad ordinaria de jubilación de cada persona, entre 65 y 67 años, en vez de los 65 actuales y ello, aún siendo conscientes de que España tiene una de las edades reales de jubilación más altas de la Unión Europea (63,87). Al tiempo, reconoce periodos cotizados a colectivos hasta ahora penalizados en el mercado de trabajo (mujeres y jóvenes entre ellos). La reforma prevé cambios en las aportaciones para reforzar los ingresos del sistema de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su equidad. Actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada (voluntaria, involuntaria y parcial) combinando requisitos de acceso más rigurosos, con el reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta hoy. El objetivo es reforzar el sistema de reparto, compatibilizando una mayor cobertura de pensiones con mejoras razonables en términos reales y moderación en el crecimiento del gasto en relación con el PIB, hasta alcanzar un porcentaje similar al de la zona euro, hoy superior al nuestro. Con la posición financiera enunciada y sin comprobar los efectos de la reforma, se escuchan voces reclamando una reforma estructural del sistema para su sostenibilidad financiera. La experiencia acumulada en un sistema de larga duración desaconseja decisiones estructurales por razones coyunturales. Igual que se trasladaron a reservas los superávits conseguidos durante el ciclo económico, tampoco se deben recortar las prestaciones cuando disminuyen los ingresos por la destrucción de empleo, a la que han contribuido la dos últimas reformas laborales, que es preciso revertir. De no hacerlo, nuestro mayor problema no será como pagar las pensiones. Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado discriminitaria la legislación española en cuanto al reconocimiento de periodos cotizados a la Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial. El alcance de esta doctrina, que recoge posiciones defendidas por las organizaciones sindicales, tendrá importancia sobre nuestro sistema de pensiones. La pensión de un trabajador es resultado del esfuerzo realizado durante su carrera profesional; la revalorización anual de su pensión le permite mantener el poder adquisitivo durante el tiempo de percepción. Cambiar la forma de actualización (IPC anual) podría reducir el coste, pero perjudicaría a todos los beneficiarios. El excesivo crecimiento de precios deteriora la renta de los más débiles y la capacidad de competir vía precio de los productos españoles. El objetivo principal de la política económica debe ser la estabilidad de precios, no perjudicar a los pensionistas. Muestra de esta preocupación es el AENC II suscrito por UGT, CCOO, CEOE y CEPyME en 2012 para conseguir una evolución más moderada de los precios gracias a la evolución de las rentas durante tres años (salarios y beneficios distribuidos, a lo que debe sumarse una actuación de los poderes públicos en el control de los precios públicos). El sistema de pensiones debe cuidar un trato equitativo de las personas que cumplen las mismas condiciones, contribuye a la solidaridad, cohesión y justicia social sin descuidar la sostenibilidad y equidad del sistema; pero estos objetivos no avalan la desaparición de las distintas figuras de jubilación anticipada, que no atentan contra la viabilidad ni la equidad y, sin embargo, dan cobertura a colectivos muy desfavorecidos de trabajadores que han perdido su empleo y por su edad es casi imposible que consigan otro. El acercamiento de la edad real de jubilación a la de acceso ordinario puede ser un objetivo aparente, pero hoy la jubilación anticipada —con un coeficiente reductor exigente para quienes la utilizan (6,5%-7,5% por año de adelanto aplicable a la duración completa de la prestación— no cuestiona la sostenibilidad financiera, al no generar mayor coste. Los objetivos estéticos no refuerzan el sistema de pensiones. El gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres grandes factores: número de prestaciones, cuantía media de la pensión y renta disponible a repartir. Cualquier sistema de pensiones debe ser objeto de continuo seguimiento y evaluación, pero finalmente también está influido por la incertidumbre que determina el nivel de empleo y la riqueza generada. La determinación de un factor de sostenibilidad, como se anuncia, es una decisión trascendente que, en su caso, debe ser acordada y no ligarse, sin más, a la esperanza de vida, es decir, al número de años de cobro de prestación. Debe analizar y añadir otras variables como la evolución de las bases de cotización de los trabajadores en activo, la evolución del PIB, etcétera. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en España el factor de sostenibilidad ya existe, con éxito, desde 1995, y se articula alrededor del Diálogo Social, que ha producido cuatro acuerdos, dos de ellos de especial intensidad, y el Pacto de Toledo Las cuotas sociales en relación con el PIB en España son inferiores en 2,5 puntos del PIB a la media de la zona euro. Hay margen de subida que puede ser utilizado en la cuota de contingencias comunes con una distribución en la que los trabajadores también participen en un porcentaje suficiente. La cuota del empleador forma parte de los costes laborales para la empresa, pero el conjunto de las cuotas sociales son renta de los asalariados percibida de forma diferida (las prestaciones). Los ingresos por cuotas ayudan a medir la contributividad del sistema, pero pueden estar complementados por otras fórmulas de ingresos hasta completar el objetivo marcado como esfuerzo de la sociedad a las rentas de quienes aportaron su esfuerzo en generaciones anteriores (gasto en pensiones sobre PIB). CCOO y UGT han mostrado su compromiso con el sistema de Seguridad Social español, participando activamente en su diseño y evolución, con medidas concretas, valientes en muchos casos, que han necesitado de un intenso proceso de explicación entre los trabajadores. Estas medidas adoptadas en el diálogo social, han reforzado el sistema y han estado insertas dentro del consenso articulado en el Pacto de Toledo. Único Pacto de Estado vivo en España que se cuestiona en estos tiempos. Es un error, necesitamos más consensos de estas características, no debilitar el existente. La sociedad española necesita dialogo y consenso para salir antes y mejor de la crisis. Cambios unilaterales y precipitados en el sistema de pensiones no ayudan a ello. (Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, 26/12/2012)


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