Proceso contra el bienestar             

 

Seguridad Social

Lo que pone en peligro las pensiones:
Quieren que nos alegremos de que hayan rebajado las pensiones y anunciado que en el futuro cada cinco años se revisarán (es decir, se volverán a bajar) en función de cómo se modifique la esperanza de vida. Sobre el discurso de las pensiones se ha venido acumulando todo tipo de falacias. No es la esperanza de vida, ni la pirámide de población, la variable estratégica a la hora de enjuiciar la sostenibilidad del sistema, sino la renta per cápita. Si esta se incrementa, como es previsible –en los últimos 30 años se ha duplicado–, no hay ninguna razón para que un colectivo, los jubilados, cercano al nivel de pobreza (el 77 % no llega a los mil euros mensuales), no pueda seguir teniendo la misma renta, e incluso mayor, incrementándose en la misma proporción que la renta per cápita. El error está en aceptar que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales y que la Seguridad Social sea algo distinto del Estado cuando es este, en función de su carácter social, el que tiene la obligación de mantener las pensiones con todos sus ingresos. Lo que pone en peligro el sistema público de pensiones es una mentalidad que denigra los impuestos, que destruye su progresividad, que reduce los gravámenes sobre las rentas de capital y que permite la elusión fiscal de las grandes fortunas y de las empresas. No deja de ser curioso que en un acuerdo que pretende compararse con los Pactos de la Moncloa no se haya escrito una sola línea sobre impuestos. Bueno, sí, para reducir las cotizaciones sociales bajo el eufemismo de las políticas activas de empleo. Lo único que implica el aumento de la esperanza de vida es que, tal como Galbraith afirmó hace ya bastantes años, se precisará una redistribución de los bienes a consumir a favor de los bienes públicos y en contra de los privados. Es decir, que será necesario que se destine progresivamente una parte mayor del PIB a pensiones, a Sanidad y a gastos derivados de las situaciones de dependencia. Pero nuestro país tiene un amplio margen para ello. Dedicamos a las pensiones un 9% del PIB, mientras la media de la eurozona se sitúa en el 12%; Francia, en el 13,3%; Italia, en el 14,6%; Alemania, en el 12,4%; Austria, en el 13,8% e incluso Polonia y Portugal dedican un porcentaje mayor que el nuestro (11,6% y 13,1% respectivamente). Como se ve, nuestro sistema es altamente generoso y no puede mantenerse. (Juan Francisco Martín Seco en Público)


El recorte de las pensiones:
El acuerdo económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones firmado por el Gobierno, las dos principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y la renovada patronal CEOE el 2 de febrero fue recibido con general satisfacción –salvo por quienes anteponen su deseo de aislar a Rodríguez Zapatero y obligarle a convocar elecciones anticipadas a cualquier otra consideración–, por la sencilla razón de que el escenario alternativo pasaba por la promulgación de un decreto que el Congreso habría aprobado por la mínima, mientras el Partido Popular denunciaba el nuevo recorte de “derechos” de los más desfavorecidos y las sindicales iniciaban una nueva campaña de movilizaciones que sólo habrían servido para reforzar la desconfianza en el futuro de nuestra economía. Aunque la sostenibilidad de las pensiones no sea el más acuciante de nuestros problemas, convenía empezar a dar pasos en la buena dirección como han hecho, por cierto, otros socios europeos desde la última década del siglo pasado. ¿Porqué han tardado tanto tiempo en ponerse de acuerdo se preguntarán muchos ciudadanos? La reforma resultaba un plato indigesto para el Gobierno y las sindicales y a ambos convenía presentarla como el fruto de un arduo proceso de negociación y adobarlo con otras propuestas para subvencionar la contratación que forman parte de la agenda sindical. Se mire como se mire, lo cierto es que el acuerdo alcanzado en materia de pensiones supone un recorte sustancial del valor actual esperado de las pensiones, al incrementarse las aportaciones exigidas (costes) a los trabajadores durante su vida laboral y reducirse el número de años y la cuantía de la pensión (beneficios) que percibirán al jubilarse o prejubilarse. En efecto, la reforma aumenta los costes y disminuye los beneficios esperados al elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación (salvo para los trabajadores que hayan cotizado 38,5 años al cumplir 65) y de 35 a 37 los años de cotización exigidos para percibir el 100% de la pensión, cuya cuantía se verá, además, mermada un 2,27% por cada año menos cotizado. Por otra parte, la cuantía de la pensión se calculará en base a las aportaciones realizadas durante los últimos 25 años (en lugar de los 15 actuales), un cambio que si bien puede disminuir o aumentar la pensión, dependiendo del historial de cada trabajador, supondrá para los trabajadores con perfil de ingresos creciente, la mayoría, una reducción notable de la pensión. Finalmente, se endurecen las condiciones de las prejubilaciones al retrasarse la edad mínima de 61 a 63 años y exigirse 33 años de cotización; además, la pensión de los prejubilados se verá recortada un 7,5 % por cada año de adelanto. Aunque los cambios en la jubilación se introducirán gradualmente a partir de 2013 –el retraso de la edad se distribuirá en 15 años hasta 2027 y la extensión de la base de cálculo en 10 años hasta 2022–, no cabe ninguna duda de que la reforma reducirá sustancialmente las pensiones de las personas que hoy están cotizando y muy especialmente las de los 14 millones de ocupados menores de 50 años y, sobre todo, de aquellos que se prejubilen.

Envejecimiento demográfico:
La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto requiere que se satisfaga una simple ecuación: el gasto en pensiones contributivas (igual a la pensión media por el número de pensionistas) no puede ser superior a los ingresos del sistema (iguales a la cotización media por el número de cotizantes). Por tanto, para mantener el nivel de la pensión media sin elevar la cotización media, el número de cotizantes y el número de pensionistas tienen que crecer a la misma tasa a largo plazo. La mayoría de los expertos viene advirtiendo desde hace bastantes años que el envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida elevarán sustancialmente el gasto en pensiones (7-8 puntos del PIB) de aquí a 2050. Desde esta perspectiva, la reforma impulsada por el Gobierno constituye un primer paso en la dirección correcta. Había, además, otras consideraciones de medio plazo que hacían aconsejable dar este paso para afrontar con ciertas garantías los próximos años. En circunstancias normales, la caída del número de cotizantes durante una recesión puede generar déficits transitorios en el sistema que pueden absorberse cuando los niveles de producción y empleo se recuperan en la siguiente expansión. Así ocurrió, por ejemplo, durante la larga expansión (1996-2007) que siguió a la recesión de 1992-93 en España. En la coyuntura actual, sería muy arriesgado asumir que tras la tormenta nos aguarda una nueva década de vino y rosas. Con un elevado endeudamiento privado y público, elevadas primas de riesgo, alta exposición de las entidades de crédito al sector inmobiliario, exceso de oferta inmobiliaria, precios de las materias primas elevados y en aumento, perspectiva de subidas de tipos de interés en los próximos semestres e imposibilidad de devaluar la moneda, la ansiada recuperación de la producción y el empleo tardarán en llegar unos cuantos años (Calma chicha tras la tempestad, EXPANSIÓN 3 de febrero). Por ello, el Gobierno ha hecho bien en adoptar ya algunas medidas que asegurarán la sostenibilidad del sistema de pensiones durante un par de décadas. (Clemente Polo, 01/03/2011)


Recortes de gasto público social:
Recuperar la democracia:
Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España. Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros. Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo. La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables. Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”. Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar. En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos). Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación –que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa–, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España. (Vicenç Navarro, 07/04/2011)


Reforma de las pensiones:
La reforma de las pensiones públicas es uno de los cambios estructurales que necesita abordar la economía para garantizar la viabilidad del sistema en los próximos 50 años. A diferencia de otras grandes reformas, como la financiera, de gran impacto inmediato sobre la economía, los efectos de la de las pensiones se dejarán notar a medio y largo plazo. Pero no por eso es menos urgente, puesto que solo será eficaz si los cambios normativos empiezan a aplicarse poco a poco desde ahora. El Gobierno empieza a ser consciente de que es inevitable un cambio estructural en las pensiones, debido a la presión de la demografía y al deterioro del mercado laboral. O al menos eso cabe deducir de la negativa del Consejo de Ministros a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en 2012 a la subida de la inflación. El problema es de fondo y se ha debatido intensamente en los últimos cinco años. El sistema actual es inviable a medio plazo por el creciente envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida; y resulta más inviable todavía si, además, la economía está en fase de depresión laboral profunda. La aportación de un número decreciente de ocupados resultará insuficiente así que pasen 10 años para sufragar los pagos a un número creciente de pensionistas. Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero pasaron de puntillas sobre la necesidad de una reforma en profundidad del sistema y el de Rajoy parece dispuesto a repetir el error. El argumento político que la bloquea es que un cambio de esta naturaleza tendría un coste muy elevado en votos. Resulta también evidente que la demora en la petición de rescate se debe a otras razones distintas al temor a que una de las condiciones impuestas desde Bruselas y Fráncfort sea precisamente un recorte en las pensiones. La fuerza de los hechos obligará a iniciar esa reforma, la exija Bruselas o no. Las líneas de acción para reformar las pensiones están bien definidas. El Gobierno que acometa la tarea tiene el mapa de situación perfectamente delimitado por el amplio consenso entre economistas, expertos laborales y políticos con experiencia en la Administración pública: ampliar el número de años de ocupación para acceder al 100% de la cotización, calcular esta sobre el conjunto de la vida laboral, adelantar a 2015 o 2016 la norma que aplaza la edad de jubilación hasta los 67 años, prevista por el Ejecutivo anterior para la segunda década del siglo, y romper la indexación de las pensiones con el IPC. La tarea de un Gobierno consciente del problema y con una legislatura por delante debería ser la de modular en el tiempo estas líneas de acción, de forma que no sean una carga insoportable para los nuevos pensionistas ni para aquellos con prestaciones más reducidas, y alivien el peso sobre las cuentas públicas. Algunas decisiones pueden prolongarse (siempre que no se llegue al desatino de aplicarlas en 2022) y otras pueden escalonarse. Pero lo que resulta imprescindible es que los ciudadanos sepan con claridad cuáles son los criterios de reforma y, por supuesto, que su aplicación se negocie con los agentes sociales. Lo que no es recomendable es que el Ejecutivo siga subiendo las pensiones sin explicar sus consecuencias (un alza del 1% en 2012 está produciendo un aumento del gasto del 4,6%) y no se advierta el riesgo de quiebra del sistema que anuncia el irresistible aumento del gasto estructural por las tendencias demográficas y laborales. En este ámbito también se juega el Gobierno su credibilidad ante los ciudadanos, ante Europa y ante los inversores. (Editorial El País, 11/12/2012)


Evolución cotizantes-jubilados:
La solidaridad entre generaciones siempre ha existido. Cuando no había sistemas públicos de seguridad social, los padres se ocupaban de criar y educar a sus hijos y los hijos cuidaban de sus padres cuando estos no podían valerse por sí mismos. Este sistema sigue funcionando en muchos países en desarrollo y en la economía informal. De ahí que, durante la pandemia de sida en África, las madres hayan tenido un mayor número de hijos para compensar la probabilidad de su muerte prematura. Mao, asimismo, rompió voluntariamente el equilibrio intergeneracional al prohibir a los chinos tener más de un hijo. Los actuales sistemas de Seguridad Social sólo elevan a nivel nacional lo que antes ocurría dentro de cada familia. Hoy nos encontramos con otro problema serio de solidaridad intergeneracional en España. Los que nacimos entre 1940 y 1965, la generación de las familias numerosas, tuvimos mayores oportunidades de encontrar empleo en un país con la población en edad de trabajar diezmada por la guerra civil y con escaso capital humano. Posteriormente, nuestra prole media ha sido mucho menor que la de nuestros padres y, aunque haya conseguido un mayor nivel de educación, le ha costado mucho más conseguir empleo, al haber mucha mayor competencia, y, de conseguirlo, ha sido mayoritariamente precario y temporal, pasando largos períodos sin trabajo, al poder ser despedido cada seis meses, hasta tres años, sin o con una mínima indemnización de 8 días. Hoy el 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años está desempleado cuando la tasa total de desempleo es la mitad. Además, muchos de ellos son mileuristas. Por ejemplo, de los 17,4 millones de declaraciones de IRPF, por rentas de trabajo, presentadas en 2010, unos 7 millones declaraban hasta un máximo de 12.000 euros anuales (bastantes pensionistas entre ellos). Además, nuestra generación tiene una esperanza de vida muchísimo mayor que las anteriores, gracias a la mejora de hábitos de vida, medicamentos, sistema sanitario y por trabajar mayoritariamente en el sector servicios. Sin embargo, estamos jubilándonos a edades muy tempranas para nuestra creciente esperanza de vida. La edad obligatoria de jubilación a los 65 años se introdujo en España en 1919, (Retiro Obrero) cuando la esperanza de vida media al nacer era de 40 años y cuando a los 65 años era de 50 —10 años más—. En 2011, la esperanza de vida al nacer es de 81,9 años y a los 65, de 90 años —25 años más—. Incomprensiblemente, la edad de jubilación obligatoria continúa siendo 65 años (70 opcional en algunos funcionarios) y la edad media efectiva de jubilación es 63,2 años, haciendo insostenible el sistema a largo plazo. Felizmente, en España, la familia sigue siendo una parte muy importante de la red de seguridad social, en contraste con otros países desarrollados. Hoy muchos padres están ayudando a su prole, haciéndose cargo de aquellos que están desempleados, acogiéndoles en su vivienda, y algunos están sobreviviendo gracias a la pensión de sus padres. Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional. Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un “impuesto” añadido sobre sus ingresos. Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer. Tercero, porque no aceptamos que pueda ampliarse el cómputo de cálculo de la pensión pasando, de las cotizaciones de los últimos 25 años de trabajo actuales, a las de toda vida laboral, como en muchos países europeos. Cuarto, porque queremos indexar nuestras pensiones al IPC, cuando la generación que tiene que pagarlas está admitiendo fuertes recortes de sus retribuciones para evitar el desempleo y sus salarios están decreciendo notablemente tanto en términos reales, como nominales. Quinto, porque la gran mayoría de nuestros hijos no están sindicados, por estar desempleados durante gran parte de su vida laboral y porque saben que los sindicatos defienden en mayor medida a sus afiliados, que son, mayoritariamente, trabajadores mayores con contratos indefinidos y no temporales y precarios. Sexto, porque, algún líder sindical y algún político intenta todavía convencer a los jóvenes de que, si se redujesen las horas de trabajo, como se hizo en Francia, ellos tendrían más oportunidades de encontrar empleo y de que, si se retrasase la edad obligatoria de jubilación de los trabajadores, teniendo estos que trabajar más años, los jóvenes perderían sus empleos. Es decir, tratan de inculcarles falacias tales como que la cantidad de trabajo es fija y que el número de empleos también es fijo y, lamentablemente, algunos jóvenes se lo creen. Recordemos que este argumento fue también utilizado para evitar que las mujeres primero, y los inmigrantes después, se incorporaran al mercado de trabajo, porque “robaban” los puestos de trabajo a los hombres o a los trabajadores nacionales. La OCDE ha demostrado, en 2010, cómo en los países miembros en los que los trabajadores mayores tienen una tasa de empleo más elevada, también la tienen los jóvenes y viceversa. Cuando la gente trabaja, gana un salario que luego utiliza para comprar bienes y servicios producidos por otras personas, tanto hombres como mujeres, sean mayores o jóvenes. El crecimiento depende básicamente de que aumenten el número de personas que trabajan o de que aumente su productividad o de ambos factores. Si la jubilación a los 60 o incluso a los 50 lograse mejorar el nivel de vida, ya se habría intentado hace mucho tiempo. Temporalmente, la gran inmigración de casi 5 millones de personas, entre 1998 y 2007, alivió el desequilibrio financiero del sistema de pensiones y permitió hacer un Fondo de Reserva de casi €70.000 millones. Pero más de la mitad de los 3,3 millones de inmigrantes no comunitarios trabajaban en la construcción y muchos están ahora en paro o abandonando España (unos 85.000 este año), mientras otros se han sumergido y no cotizan. Además, hay que recordar que los inmigrantes cotizan pero más tarde también se jubilan. Ha sido un efecto importante pero pasajero, ya que hoy el número de cotizantes está cayendo y el de pensionistas aumenta. La última reforma de las pensiones (2011) fue positiva, pero no suficiente. Retrasó la edad de jubilación obligatoria de los 65 a los 67 años, aumentándola muy lentamente, a mes por año, desde 2013 hasta 2027. Alargó la duración del período de cotización para tener derecho a la pensión (tasa de sustitución) de 35 a 37 años y alargó la edad de jubilación anticipada voluntaria de 61 a 63 años. Amplió el período de cotización para calcular la pensión (base reguladora) de 15 a 25 años y finalmente introdujo un factor de sostenibilidad para hacer frente a las desviaciones que se produzcan sobre la esperanza de vida a los 67, a partir de 2027. Lamentablemente, dicha reforma no va a ser suficiente, ya que el gasto en pensiones va a aumentar del 9% del PIB actual al 18% del PIB en 2050 y la reforma sólo reduciría dicho incremento entre un 33% y un 43% (de acuerdo con tres cálculos fiables). Habrá por tanto que seguir reformando el sistema público, preferiblemente con acuerdo de los dos grandes partidos, para que sea más sostenible e incentivar fuertemente el ahorro privado a largo plazo y los planes complementarios de pensiones y de seguros. (Guillermo de la Dehesa, 14/12/2012)

 
       

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