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Vinton Cerf

Descargas: Sentencia sobre el canon:
[La sentencia no rechaza el canon:]
Lo principal es que los derechos de autor son objeto de protección preferente en el Derecho europeo La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, del 21 de octubre del 2010, sobre el llamado canon por copia privada, para la defensa de los derechos de autor, en el litigio que ha enfrentado a la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) y a la empresa Padawan, SL, que comercializa CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3, ha suscitado un especial interés económico y también jurídico. Como es sabido, esta empresa se oponía al pago del canon alegando que su aplicación a dichos soportes digitales sin distinción y con independencia de la función a la que fuesen destinados (uso privado u otra actividad profesional) era contraria al Derecho europeo. La sentencia es importante, por dos razones esenciales: la primera, porque considera legítimo que se establezca dicho canon como compensación equitativa para el autor de la obra, como ya lo prescribe la directiva 2001/29/CE del Parlamento y del Consejo europeos, del 22 de mayo del 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Por tanto, el establecimiento de un canon no ha sido desautorizado. La segunda, porque el tribunal limita la aplicación de dicho canon, al interpretar que para su establecimiento «es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de estos para realizar reproducciones privadas». Por esta razón, el tribunal establece que «la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la directiva 2001/29». Por tanto, el canon para proteger la obra reproducida es conforme al Derecho europeo, pero siempre y cuando no se establezca de forma indiscriminada, es decir, sin distinguir entre el uso de aparatos de reproducción para uso privado de aquellos otros que son utilizados para otras finalidades. El origen de la sentencia de Luxemburgo radica en la presentación de una cuestión prejudicial sobre el objeto del litigio por la Audiencia Provincial de Barcelona, que entendía del caso. Conviene recordar que este procedimiento judicial tiene por objeto atender la petición de un órgano jurisdiccional nacional, en su condición también de juez europeo, para que el Tribunal de Justicia de la Unión se pronuncie acerca de la interpretación del Derecho de la Unión (en este supuesto, la citada directiva 2001/29). Obsérvese, por tanto, que el tribunal, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado en el sentido en que lo ha hecho sobre el Derecho europeo, no sobre el Derecho español, es decir, no sobre la ley 23/2006, de 7 de julio, reguladora de la propiedad intelectual, que es la que establece para el caso español el controvertido canon digital. Lo que ha resuelto el Tribunal de Luxemburgo es que el canon es una forma posible de articular la compensación equitativa para los autores de una obra susceptible de ser reproducida por medios digitales, pero que la aplicación del mismo demanda ponderar los casos en los que pueda ser exigido, evitando su exigencia en cualquier supuesto o circunstancia. De esta forma, el tribunal interpreta cómo ha de ser entendida la directiva 2001/29, reguladora de los derechos de autor, por parte de los poderes públicos, las empresas que comercializan los aparatos digitales, los autores de obra intelectual protegida y los particulares usuarios. Es evidente, claro está, que indirectamente la citada ley española reguladora de la propiedad intelectual queda afectada, dado que ha sido la norma a través de la cual la directiva europea se aplica en España. Y en la medida en que de su tenor se deduce una aplicación indiscriminada del canon, tal previsión deberá ser modificada. Lo cual requerirá un esfuerzo de imaginación para garantizar la seguridad jurídica de autores y consumidores. Pero, en todo caso, lo que no ha sido revisado es lo principal. Que los derechos de autor y la propiedad intelectual que conllevan son objeto preferente de protección por parte del Derecho europeo y, en razón de ello, por las legislaciones nacionales de 27 estados miembros de la Unión, frente al uso abusivo, como si de un derecho natural se tratase, de los soportes digitales a disposición de cualquier particular. Como señala en sus considerandos la directiva 2001/29, «la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad», un derecho constitucionalizado en todos los estados de la Unión. Un derecho que requiere de la adecuada protección «para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística…» y por la que «deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra, al igual que los productores, para poder financiar esta labor». (Marc Carrillo, 27/10/2010)


Cobro del canon a empresas:
El Tribunal Europeo ha dictaminado que el canon digital se gestiona de forma abusiva en España porque se cobra “indiscriminadamente”. El fallo responde a una cuestión presentada formalmente por la Audiencia Provincial de Barcelona, que juzgaba la disputa entre una empresa de informática, distribuidora de CD, DVD y reproductores MP3, y la SGAE, que le reclamaba más de 16.000 euros por este concepto. El canon, según la normativa española, se cobra al comprar determinados equipos o soportes de almacenamiento para compensar a los propietarios de derechos de una obra por la copia privada que lícitamente puede hacer el comprador de la misma para su uso particular. No está pensado para restituir a aquellos del perjuicio que causa la piratería. Curiosamente, las mismas sociedades de gestión, que siempre han insistido en este detalle para evitar que el pago del canon digital se entendiera como una manera de legitimar las descargas gratuitas, han defendido su cobro indiscriminado, tanto a particulares como a empresas o administraciones. La Ley de Propiedad Intelectual española contempla alguna excepción que el Gobierno pueda ampliar. Se hizo en 1992, pero nunca más. Y ello a pesar de que existiese la certeza de que un tipo de compradores no iba a emplear los soportes para realizar copias privadas. Europa considera que solo los particulares deben pagarlo porque se presume lícitamente, sin necesidad de verificarlo, que lo van a destinar a la grabación de una copia privada. Pero esta misma presunción no puede aplicarse a empresas o Administraciones públicas. El canon se introdujo en España en 1987 y se amplió a una serie de soportes digitales. En contra del sentido común, las sociedades de gestión y el Gobierno apoyaron que su cobro fuera universal. El afán recaudatorio se sobrepuso a la lógica. Los ingresos obtenidos por la SGAE en 2009 por este concepto superaron por primera vez a los que provenían de la venta de discos y DVD. La ministra de Cultura ha dicho que “buscará una alternativa junto a otros países europeos afectados”. Un trabajo que se podría haber ahorrado si se hubiera atendido en su día a las voces sensatas que subrayaban la injusticia de este recargo indiscriminado. La satisfacción de las sociedades de gestión porque Europa no declare “ilegal” el canon español no es el caso. Lo que estaba a debate es si el canon por copia privada se aplica de forma abusiva. Y el Tribunal Europeo lo ha dejado claro. (El País, 20/10/2010)


la propiedad intelectual:
El caso Megaupload centra la atención y el enfado de los internautas. Es otro episodio de la pugna de la industria audiovisual por defender su negocio en la era digital. Con ese fin, EEUU tramita leyes que provocaron el apagón protesta de portales como Wikipedia o Google Search. Y en España hubo protestas por la ley Sinde y el desaparecido canon digital. No parece que pueda cuestionarse razonablemente el derecho de los autores o productores a ser retribuidos por su trabajo. Ni ponerse en duda que es un expolio que alguien se aproveche copiando y distribuyendo ilegítimamente sus obras para hacer negocio propio. Pero tampoco parecen razonables los planteamientos que, siguiendo sólo la óptica mercantil, objetan incluso contra la copia o comunicación privadas. Porque estas obras intelectuales tienen un atributo social en origen –ninguna idea es enteramente original, sino resultado de la circunstancia de su creador– y destino –están llamadas a ser conocidas y difundidas en la sociedad y son fuente de bienestar y progreso– que la lógica y la fuerza del mercado no deben soterrar. Sin internet llevábamos décadas prestando libros a los amigos o copiando en cintas viejos vinilos sin que se resintiera la industria cultural. Ciertamente, la red ha globalizado los intercambios, llevando la copia y difusión privadas a cotas que reducen significativamente las expectativas de beneficio –muy elevadas– de esta industria. Pero la tecnología también ha diversificado, masificado y globalizado el negocio, multiplicando exponencialmente su rentabilidad. Por eso hay que preguntarse también por la razonabilidad de esas expectativas –la rentabilidad ilimitada no parece cohonestarse bien con el origen y la finalidad sociales del producto cultural– y por la eficiencia del modelo de generación de ingresos –hay sectores que se aprovechan mucho y aportan poco o nada (los proveedores de internet, por ejemplo)–. No puede hacerse barra libre del producto cultural devaluándolo, impidiendo que autores e industria rentabilicen sus creaciones. Que alguien pueda descargarse gratuitamente una película el día de su estreno sin duda es un escándalo. Que se cobre un canon a la barbería de la esquina por tener la radio encendida, también. Porque tampoco parece socialmente aceptable que se pueda cobrar siempre y por todo, como parece querer la industria, no carente de influencia política, invocando un derecho de propiedad intelectual cuya actual regulación, por cierto, parte de presupuestos dogmáticos y económicos más propios del siglo XIX que del presente. Hay que reubicar los intereses de la industria y los usuarios. Deben hacerlo las leyes concretando la función social de la propiedad intelectual. La Constitución dice que el contenido del derecho a la propiedad privada se delimita por la función social de la propiedad misma. Eso explica que el propietario de un terreno no pueda tenerlo improductivo o edificarlo a su voluntad. O que el dueño de un palacio histórico tenga que exhibirlo. Se revela, pues, el carácter limitado, no absoluto, del derecho y la necesidad de que su ejercicio intensivo no resulte abusivo o antisocial. Igualmente, la propiedad intelectual tampoco confiere un dominio absoluto. Su función social puede justificar limitaciones o cargas en interés de la sociedad que, siendo natural destinataria de aquella, difusamente participa en la propia creación intelectual y contribuye a darle el valor que llega a merecer. La revolución digital plantea el desafío –y la necesidad– de concretar esa función social e identificar las limitaciones, también las ventajas, a derivar de ella. Para prevenir el conflicto entre quienes crean y explotan la obra intelectual y quienes por diversas razones (económicas, sobre todo) ven limitado su acceso a ella; para facilitar o garantizar la accesibilidad a bienes de valor colectivo incuestionable (cultural, informativo, educativo…); y para prevenir y corregir los excesos del mercado. Pero las últimas reformas de la legislación de la propiedad intelectual no siguen esa óptica. Hacen énfasis sólo en la protección del contenido patrimonial de la propiedad, no en su subordinación al interés general, ni en su utilidad social, ni en la participación colectiva en la plusvalía que genera la demanda masiva de la propia sociedad. Y dispensan una protección uniforme, sin tener en cuenta que la función social puede variar en cada tipo de obra (¿merecen igual tratamiento un folleto, una escultura, un programa del corazón o una final de fútbol?). Cuando la legislación admite la cita, el uso docente o la reproducción de obras situadas en lugares abiertos, se rinde ante la naturaleza esencialmente cultural de la creación intelectual y la evidencia de que no todo es venal. Pero no responde a esa idea más general de la función social avocada a cumplir antes incluso de incorporarse al dominio público intelectual. Ni a la inevitable transformación de los mercados que impulsan las nuevas tecnologías. Necesitamos una propiedad intelectual de nuevo cuño. Una revisión profunda de los modos de uso y disfrute, del concepto de difusión (¿canon por radiar fútbol?), de los tipos de explotación individual o colectiva (¿por qué una biblioteca debe pagar por una obra cuando la compra y cuando la presta a un usuario?), de la duración de los derechos (¿debe variar según la rentabilidad de la creación?) o de las cargas que pueden imponerse por razón de interés general, por ejemplo. La definición de la función social debe contribuir, pues, a regular este mercado y a reconciliar a creadores y usuarios, siendo evidente que también el rechazo social de la industria alimenta el uso ilegítimo de sus productos. Cuando la copia o la descarga ilegales dejen de considerarse socialmente aceptables; cuando no valga la pena el riesgo o el esfuerzo para conseguir las obras por esas vías, por resultar accesibles en términos (precio, tiempo, modo, lugar…) razonables y acordes con su función social, dejará de soplar el viento que ahora empuja la piratería digital. marcos gómez puente 28/01/2012

 
       
       

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