Sanidad             

 

Sanidad: Real Decreto abril 2012:
Avanzar al pasado, la sanidad como mercancía:
La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia. En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público. En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados. En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.


A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres. Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud. Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla. (Joan Bernach, 17/08/2012)



Consulta con el médico: 39 euros:
Una visita con el médico de familia o con el pediatra en los centros de salud madrileños cuesta 39 euros. Si incluye alguna prueba complementaria, sube hasta los 57 euros. Todas las asistencias sanitarias que se realizan en los hospitales y los centros de salud madrileños tienen un precio fijado, en vigor desde 2009, que se suele cobrar a aseguradoras o a mutuas de trabajo en caso de accidente laboral. La mayoría de ciudadanos no llega a conocerlos nunca, puesto que, con el sistema actual, solo hay que presentar la tarjeta sanitaria —que se obtiene con el empadronamiento— para ser atendido de forma gratuita. Sin embargo, el sistema está a punto de cambiar. El 1 de septiembre los inmigrantes irregulares se quedan fuera del sistema sanitario ordinario, por lo que deberán costear sus tratamientos. La nueva legislación del Ministerio de Sanidad establece que las embarazadas y los menores de edad seguirán teniendo atención sanitaria gratuita, igual que los asilados políticos y las víctimas de trata. El resto de los extranjeros sin papeles solo podrá ir a urgencias. A principios de este mes, el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas una orden que desarrolla el real decreto 16/2012 y que prevé una vía para que estas personas puedan seguir siendo atendidas en el sistema público. Lo llama convenios especiales, y en la práctica son como pólizas con pagos muy parecidos a los de los seguros sanitarios privados. Un extranjero sin permiso de trabajo en España tendría que pagar 710 euros al año para mantener la asistencia sanitaria en la red pública. ¿Qué sucede si no pueden pagar esas cuotas, de cantidades muy similares o incluso superiores a las de aseguradoras privadas? Empezarían a recibir facturas por cada asistencia sanitaria que necesitaran. Lo explicó el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, la semana pasada: “Los inmigrantes que no reúnan esas condiciones [embarazadas y menores] serán asistidos en caso de que lo necesiten. Cosa distinta es que luego eso genere la emisión de una factura que será remitida a sus países de origen en el caso de que haya convenio, como lo hay con Marruecos, Argentina o Perú, o bien la persona se habrá acogido a la fórmula de convenio especial con el Sistema Nacional de Salud, o si no es el caso, recibirá él la factura”. El consejero estableció una excepción: los enfermos crónicos. Los inmigrantes irregulares que ya estén diagnosticados podrán seguir su tratamiento de manera gratuita “exactamente igual que hasta ahora”, aseguró. “Cosa diferente es personas que lleguen a España ahora y que todavía no hayan sido tratados por nuestro sistema. Esta reforma está pensada para evitar que vengan personas de cualquier parte del mundo para recibir asistencia médica. Eso no sucedía en ningún parte de Europa y ahora tampoco va a suceder en España, cosa que me parece lógica”, señaló. Lo que no está claro es cómo se va a aplicar esa excepción en la práctica. La tarjeta sanitaria individual “constituye la llave de acceso al sistema sanitario público madrileño”, tal y como explica la Comunidad de Madrid en su portal de Salud. Es decir, se exige para absolutamente cualquier trámite. Sin tarjeta no hay cita y sin cita, no hay visita con el médico. Preguntado por esa cuestión, Lasquetty afirmó que la gestión administrativa de los pacientes sin tarjeta “se hará con normalidad”. “Lo importante es el registro que hay de cada paciente en la base de datos de la Consejería de Sanidad, con nombre y apellidos, código de identificación y su pasaporte, luego no habrá ningún problema para que una persona que está recibiendo tratamiento antiretroviral continúe recibiéndolo en las mismas condiciones”, señaló. Los pacientes crónicos, por tanto, tienen asegurada la asistencia en Madrid, según la Comunidad. Pero solo los ya diagnosticados. “Insisto: aquellas personas que ya estaban siendo tratadas”, precisó Lasquetty. Es decir, si una persona sin papeles es diagnosticada de VIH o de diabetes antes del 1 de septiembre podrá seguir en el sistema público como hasta ahora. Si es más tarde, quedará fuera. Cinco comunidades autónomas [Andalucía, Asturias y País Vasco, donde gobierna el PSOE, Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU)], que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, se han rebelado contra las instrucciones del Ministerio de Sanidad y aseguran que darán atención universal a los inmigrantes como hasta ahora. Alertan de que las medidas del Gobierno pueden generar problemas de salud pública. Madrid está siguiendo las directrices del Ministerio: los extranjeros sin papeles (salvo embarazadas, niños y crónicos ya en tratamiento) deberán hacerse el seguro o pagar sus tratamientos. La Consejería de Sanidad tiene previsto elaborar unas instrucciones para regular los casos en los que los inmigrantes sin derecho a la asistencia eludan contratar la póliza con el sistema nacional de salud y decidan ser atendidos en la red pública pagando las facturas de las consultas o las pruebas que puedan necesitar, según adelantó el departamento que dirige Lasquetty a este diario. Y añadió que Sanidad no tiene previsto por el momento reforzar el sistema de facturación (con más personal u otra herramienta informática) frente al posible aumento de procedimientos de cobro a partir del 1 de septiembre. Pese a que pocos conocen que existen unos precios públicos de las asistencias sanitarias —una orden de la Consejería de Sanidad de agosto de 2009 contempla más de mil procedimientos facturables—, lo cierto es que centros de salud y, sobre todo, hospitales públicos cobran a centenares de pacientes. O al menos lo intentan. En lo que va de año, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado al menos ocho notificaciones “de liquidación de precios públicos correspondientes a asistencias sanitarias” prestadas en otros tantos hospitales de la región. En total, reclaman a centenares de pacientes —muchos con nombre extranjero; otros no— unos 420.000 euros. El hospital infantil Niño Jesús, por ejemplo, reclama 7.248 euros a una veintena de pacientes. El hospital Clínico publica una lista de 70 pacientes cuyas asistencias suman 132.999 euros. La mayoría tienen un importe de 122 euros, que es el que corresponde, según la orden de 2009, a urgencias que no requieren ingreso o a una consulta sucesiva (es decir, no la primera, que sería más cara, 204 euros) con un especialista. “Se trata de accidentes de tráfico, accidentes laborales cubiertos por mutua de trabajo y lesiones deportivas cubiertas por seguro médico, además de otros”, explica un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Se cobra a todo aquel que no tiene cobertura sanitaria y se emite la factura, tanto desde la Gerencia de Atención Primaria, como desde cada hospital. Suele ser a posteriori y la recibe el interesado en el domicilio que haya dado”, añade. El cobro nunca se efectúa en el centro de saludo en el hospital, sino que se emite factura. “Primero se les notifica para que lo ingresen de forma voluntaria y si no se les encuentra en los domicilios que han proporcionado, se les tiene que notificar en el boletín oficial”, señala la fuente. (Elena G.Sevillano, 19/08/2012)

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